Para Javier Rotondo (SRRC) el Gobierno provincial vuelve a castigar al sector productivo aumentando el impuesto inmobiliario rural con un 37%, muy por encima de la inflación estimada para este año. “En esto no hay diálogo”, dice
La discusión del Presupuesto provincial y su componente tributario, vuelve a estar en el centro de la escena en Córdoba, potenciado en esta oportunidad por la presión del Gobierno nacional para que las provincias eliminen o bajen drásticamente ingresos brutos, al que se considera un impuesto distorsivo. Y aconseja que, como compensación, se ajuste el impuesto inmobiliario, tanto en lo rural cuanto lo urbano.
En lo que se refiere a lo Rural, ya hubo dos provincias como Buenos Aires y Córdoba, cuando no, que se apresuraron a “hacer los deberes”, generando sendas confrontaciones con las entidades del campo. En Buenos Aires se busca imponer un aumento del 50% y en Córdoba del 37%, en promedio, segmentado por escala.
En nuestra provincia hubo ya una rápida reacción de la Comisión de Enlace, que salió a rechazar ese 37% por considerar que en los últimos años, sea vía alícuota o con los fondos específicos de “disfrazaron” varios años de aumentos, el paquete del inmobiliario rural se multiplicó por seis.
“Está claro que se sigue presionando sobre el sector que genera la riqueza en la Argentina. Rechazamos de plano que con una inflación proyectada del 22%, tengamos un incremento promedio del Inmobiliario Rural del 36% en la provincia”, dijo al respecto Javier Rotondo, presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto y miembro de la Mesa Ejecutiva de Cartez.
Reconoció Rotondo que está bueno que se haya decidido mantener la segmentación de acuerdo con el número de hectáreas, pero que quede claro que cuando se habla de porcentajes de pequeños productores, se está hablando de cuentas catastrales, no de superficie. “Cuando el Gobierno anuncia que el 66% de los productores tienen menos de 50 hectáreas, está diciendo algo que no es cierto. Eso se tomó sobre las cuentas catastrales, porque hay productores que pueden tener cuatro o cinco cuentas catastrales por son sucesiones o subdivisiones, o han ido comprando parcelas de una misma propiedad”.
“Lo que nos preocupa, es que el muy buen diálogo que teníamos con el Gobierno cordobés, no lo podamos plantear en este tipo de cuestiones. Como bien dice la palabra, es un impuesto que nos deja sin capacidad de negociación. Se nos comunicó la voluntad del Gobierno y así se aprueba en la Unicameral, con la mayoría propia que tiene el oficialismo”, afirmó.
-¿Piensan tomar algunas medidas para revertir la situación?
-Como pasó en los últimos años, es poco lo que podemos hacer al respecto. Sólo esperar que esta vez se cumpla con el ambicioso plan de obras públicas que plantea el Gobierno. Si bien destacamos un par de obras importantes, siempre nos parece que lo que se promete no se completa, que no se aprovechan correctamente los recursos, porque si bien hay avances en cuanto a obras, hoy se aumenta el 37% a productores que hace dos campañas que están tapados por el agua.
-¿No se busca compensar la quita de ingresos brutos?
-Aparentemente si, ese 37% de aumento en el Impuesto Inmobiliario Rural se establece para compensar lo que la provincia dejará de percibir al eliminar Ingresos Brutoss, tal como se comprometió el gobernador con el presidente Mauricio Macri, con la diferencia que al Inmobiliario lo cobra rápidamente, mientras que la compensación por el no pago de ingresos brutos se va logrando a lo largo del año. Y así como esto parece estar fuera de discusión, lo mismo pasa con la necesaria reducción del gasto público de un Estado que es bastante ineficiente en ese sentido.
-E insisten con la eliminación de las retenciones.
-Así es, el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, ha salido bastante molesto a reprocharnos que nada decimos de que el gobernador Schiaretti insta al Gobierno nacional a eliminar totalmente las retenciones a la soja. Nosotros siempre hemos estado en contra de las retenciones pero entendemos que una verdadera reforma tributaria debe ser integral y en los tres niveles, en lo nacional, lo provincial y también lo municipal.
-En esto hay que tener en cuenta que eliminar total y abruptamente las retenciones a la soja nos llevaría de nuevo a una fuerte sojización de la agricultura.
-Claro, pero lo que pasa es que este reclamo histórico debe contextualizarse en una verdadera política de desarrollo agropecuario, donde la sostenibilidad de la producción agropecuaria contemple un crecimiento armónico de las producciones que lo componen: que el precio de los novillos para exportación permitan competir con la producción sojera, que los tambos puedan expandirse en vez de cerrarse por falta de competitividad, que el maíz tenga más agregado de valor transformándolo en proteína animal o en bioenergía, compitiendo todos ellos con la producción de soja. Si esto no se da, coyunturalmente es cierto que retenciones cero para la soja traerían un desbalance en lo productivo.
-Una discusión que va más allá de lo tributario.
-Pero que vemos que tampoco se discute, como tampoco conseguimos respuesta en otros temas que son vitales para el sector agropecuario, como la ley de bosques, el de los fitosanitarios, donde se establecen cepos ambientales, como el ejemplo de Dique Chico, donde un jefe comunal, con fundamentos netamente políticos y sin tener una visión científica del tema, establece restricciones que le quitan la posibilidad de producir a un montón de productores. Dije Dique Chico pero hay un montón de localidades que, al no haber un buen control de la provincia, hacen lo que quieren. No puede una resolución comunal estar por encima de una ley provincial que regula este tipo de actividades. Y es el Gobierno provincial el que debe dar respuesta a esto, pero no la da.
-Lo mismo pasa con el bosque nativo.
-Seguro, en el norte provincial se crea un cepo ambiental que tiene el arco noroeste por cuestiones meramente ideológicas, cuando hemos demostrado que se puede producir conservando y conservar produciendo, como bien decimos.
-Temas concretos pero que, en este caso nos alejan de la cuestión tributaria.
-Si, pero son temas que nosotros siempre ponemos en evidencia por el Gobierno no nos da respuestas en estos aspectos.
Por ahí se escapa también que fue el propio Gobierno nacional el que pidió a las provincias que eliminen ingresos brutos y que aumenten el impuesto inmobiliario.
-Exacto y por eso en la provincia de Buenos Aires, que políticamente es del palo del Gobierno nacional, hoy tienen un conflicto más grande todavía porque están aumentando en un 50% el impuesto inmobiliario. Pero si no lo queremos centrar específicamente en Córdoba y en Buenos Aires, el debate por la reforma tributaria se ha generado en todas las provincias, pero en todos los casos sigue distorsionando la carga tributaria que pesa sobre el sector de la producción. Y no se avanza por la reducción del gasto público, que es un “agujero negro” que se queda con importantes fondos públicos.
Jorge Vicario
