La Argentina se acerca al modelo que funciona en Venezuela y Ecuador El 24 de julio, un día después de haber aparecido en este diario detallando las medidas que tuvo que tomar para paliar la baja en sus ingresos y narrando los cuatro asaltos que sufrió en los últimos seis meses, Daniel, el dueño de un quiosco sobre la avenida Coronel Díaz al 1700, recibió una sorpresiva visita de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). “Hicieron la parodia de revisar toda la cuadra, pero para mí fue por la nota. Yo no como vidrio”, dijo. El suceso es similar a lo ocurrido con la Inmobiliaria Jorge Toselli, que fue inhabilitada por la AFIP luego de que uno de sus socios apareció en el diario Clarín quejándose por la caída en las operaciones inmobiliarias a raíz del cepo cambiario. En un evento público, la presidenta Cristina Kirchner acusó a ese empresario, Rodrigo Saldaña, de haber incumplido sus obligaciones tributarias. Este hecho fue calificado por diputados de la oposición como un “acto intimidatorio” destinado a acallar las opiniones contrarias al Gobierno, mientras que la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) denunció la utilización de la AFIP como herramienta de persecución política. Este tipo de prácticas, según los testimonios de expertos tributarios y periodistas de otros países de América latina consultados por LA NACION, son excepcionales en la región. Los únicos países donde ocurren son aquellos cuyos gobiernos muestran inclinaciones autoritarias, como Ecuador y Venezuela. A mediados de junio, el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador clausuró las oficinas de la empresa de asesoría tributaria El Asesor Contable. Diego Nieves, uno de los tributaristas de esa firma, dijo a LA NACION que, poco antes de ser clausurada, la empresa denunció la inconstitucionalidad del anticipo del impuesto a la renta (ganancias), dispuesto por el gobierno de Rafael Correa. El argumento del SRI para justificar la clausura de El Asesor Contable es que la empresa no remitió información del período fiscal 2008. En Venezuela la situación es similar. En marzo de 2011, cuando la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata decidió otorgar el premio de periodismo Rodolfo Walsh al presidente venezolano, Hugo Chávez, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de ese país envió una carta al centro de estudios platense para manifestar su “estupefacción” por la distinción para un régimen que es acusado de acosar a la prensa independiente.
Escenario diferente
En países como Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, mientras tanto, los entes tributarios inspeccionan a una empresa sólo cuando hay sospechas fundamentadas de evasión, y no son utilizados políticamente, según aseguraron las fuentes consultadas. Además, en todas esas naciones el secreto fiscal se respeta de manera estricta. Esto repercute en el modo en que los empresarios dan declaraciones a los diarios. Mientras en países como Ecuador o la Argentina el uso del off the record al comentar alguna medida del Gobierno es generalizado, en otros como Chile o Brasil los empresarios, salvo excepciones puntuales, aceptan ser citados con nombre y apellido, sin un sentimiento de miedo o intimidación. Luego de lo sucedido con Toselli, la situación parece haber empeorado en la Argentina, donde incluso los voceros gremiales se muestran poco proclives a dar definiciones contundentes sobre alguna medida que los afecta. Un empresario consultado por este diario lo definió en pocas palabras: “Si antes de lo de Toselli ya no querían hablar, ahora no van a decir absolutamente nada”. Obviamente, lo dijo en off.
Por José Hidalgo Pallares | LA NACION
