Millones para Venezuela, empleados que deberán pelear con los medios, subsidios y baja inversión en seguridad son algunos de los puntos sorprendentes No hay ninguna ley que tenga el tamaño , la extensión y la importancia que tiene el presupuesto. Pero hay que aclarar algo: tampoco existe ninguna ley que tenga tantos cambios, modificaciones, parches y enmiendas por año como la que rige el dinero de la administración central. Pese a que, desde el inicio del año hasta que finaliza, los llamados superpoderes -una herramienta que permite modificar el destino de las partidas durante el transcurso del ejercicio- le cambian el semblante al presupuesto, lo torna un vector general y lo aleja de una regla puntual, los principales lineamientos de la gestión futura se esbozan allí. Las prioridades del Gobierno, las urgencias, el origen de los fondos, los planes, el gasto, las obras que tendrán financiamiento y las que serán postergadas se transparentan en el proyecto de ley que está en el Congreso y que, seguramente, se aprobará en un trámite sencillo. De las decenas de artículos se pueden desprender varias perlas. Por caso, queda expuesta con crudeza la importancia -casi emergencia- por la que transita el área energética. Exenciones de impuestos, permisos para que empresas u organismos se endeuden para importar combustibles, cupos de nafta y gasoil, compromisos de pagos y partidas millonarias para financiar la crisis energética aparecen con bastante más asiduidad que en proyectos de años anteriores. También se revela una situación: el dinero que entra al bolsillo del fisco se usa mayoritariamente en gastos corrientes; la inversión a gran escala se financiará con avales o créditos en cuyo caso el pagador final será siempre el Estado. Se respira en el presupuesto un aire permisivo para contraer deuda. La inversión en vivienda es una de las grandes postergaciones. Es verdad que el Programa de Crédito Argentino (Procrear), sistema mediante el que se incentiva la construcción de viviendas, está recién dando sus primeros pasos. Pero como el dinero que allí se destine será aportado por la Anses, a una tasa de interés negativa respecto de la inflación y no por el fisco, el presupuesto no da cuenta de esos importes. Por primera vez en los últimos años, aparece Venezuela mencionada en el presupuesto. El artículo 52 autoriza al Poder Ejecutivo “a asumir deudas por hasta la suma de 2000 millones de dólares” para la compra de combustibles líquidos -gasoil y fueloil- en el marco del Convenio Integral de Cooperación entre la Argentina y la República Bolivariana de Venezuela. “Aunque la autorización para tomar a cargo del Tesoro las deudas de Cammesa [el mayorista eléctrico que se usa para figurar como pagador del déficit que se produce al comprar energía cara y venderla barata] y otras empresas energéticas ya estaba en presupuestos anteriores, la autorización sobre el endeudamiento con Venezuela es un punto novedoso respecto a los ejercicios anteriores”, dice el informe elaborado por Maximiliano Castillo, de la consultora macroeconómica ACM. ¿Qué significan US$ 2000 millones? Si se tomase la cotización del escaso e inhallable dólar oficial (a $ 4,71), lo que se le pagará al gobierno de Hugo Chávez serán unos $ 9420 millones. Ese monto supera con holgura al presupuesto de viviendas (5873 millones) y es más del doble que lo que se destina a agricultura (4176 millones). O lo que es lo mismo, se podría multiplicar por nueve la inversión en seguridad que tiene una partida de 1008 millones de pesos. Según los últimos datos de Poliarquía, 30 de cada 100 argentinos refieren que la seguridad es el principal problema del país. ¿Cuál es la respuesta que se vislumbra desde el presupuesto a la principal preocupación? De la planilla que da cuenta sobre la finalidad y función del gasto se desprende que la seguridad interior tendrá 14.170 millones para gastar en el año. De ese importe, un 77% terminará pagando los sueldos del personal y apenas 6,18% (1008 millones de pesos) irá destinado a equipamiento de las fuerzas internas. Otro de los puntos críticos de los últimos años, el transporte, no parece ser tampoco un desvelo presupuestario. Jorge Todesca, director de Finsoport, reporta que la inversión en infraestructura no alcanzará para mejorar los estándares actuales. “El total de inversión en transporte, energía, combustibles, minería, comunicaciones y medio ambiente crece 15,7 por ciento y, en particular, la destinada al sector transporte, sólo un 12,6 por ciento. Con estos números, no es esperable ninguna mejora sustantiva en la calidad y seguridad en la prestación de los servicios de los que es responsable la Nación”, sostiene el documento escrito por Todesca. El artículo 6 se refiere a la contratación de nuevos empleados públicos. Como sucede desde hace años, aún rige la imposibilidad de ampliar la planta de empleados. Sin embargo, el artículo termina con la autorización al jefe de Gabinete para poder “exceptuar las limitaciones” en vigor. Además, hay algunas reparticiones del Estado que no necesitan pedirle permiso al jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, para sumar gente a su staff. La recién creada Agencia de Administración de Bienes del Estado, que depende del ministro, y el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas no deberán requerir autorización para que se contrate más personal. Tampoco lo deberán hacer dos trincheras desde donde se apunta a los medios. La ofensiva que prepara el Gobierno contra el sector desde la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual tampoco requerirán de autorizaciones expresas, más allá de la voluntad de quién contrate. Pese a estas limitaciones, el Gobierno de Cristina Kirchner aumentó la plantilla de empleados públicos en 17,86 por ciento. “Al asumir su primera presidencia, la Presidenta recibió la administración pública nacional con un total de 303.923 empleados y de acuerdo con el proyecto de ley de presupuesto 2013 la plantilla estatal llegará ahora a 358.202”, dice Agustín Salvia, director general del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal). Otro de los puntos que disimuladamente se incluyó es la ampliación del objeto al cual se podrán aplicar los cargos específicos mediante los que los usuarios financian las obras energéticas. “El artículo 53 modifica el artículo 1° de la ley 26.095 por conducto de la cual se crearon cargos específicos para el desarrollo de obras de infraestructura energética para la expansión del sistema de generación, transporte o distribución de los servicios de gas y electricidad. La modificación consiste en declarar objetivo prioritario y de interés del Estado nacional a las “importaciones de gas natural y de todo otro insumo necesario que sea requerido para satisfacer las necesidades nacionales de dicho hidrocarburo, con el fin de garantizar el abastecimiento interno y la continuidad del crecimiento del país y sus industrias”, dice el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).
Más cargo para la energía
¿Qué significa esto? Que se podrán crear nuevas tasas por cobrarse con las facturas para financiar no sólo obras, sino también para importar lo que sea necesario para asegurar el abastecimiento local. Hay más sorpresas. Sólo se podrá recurrir al Tribunal Fiscal para apelar alguna decisión de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) cuando la resolución condenatoria exceda los $ 25.000. Antes esa cifra estaba en 2500 pesos. Para luchar contra las inundaciones, el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento tiene autorizado para inversión real directa 1711 millones de pesos, y la Dirección Nacional de Vialidad, 12.287 millones. Cerca del final de las casi cuatrocientas páginas se enumeran las obras que tienen ejecución y compromiso presupuestario plurianual. Tal como relató un funcionario de un gobierno provincial no kirchnerista, el Gobierno, afecto a la enumeración de obras que muchas veces no llegan a realizarse, anuncia proyectos que no tienen financiamiento y que muestran muy bajo nivel de ejecución en los primeros dos años (2013 y 2014), y dejan casi la totalidad de la construcción y del pago para 2015. Por caso, aparece la restauración del edificio de canal 7 (ahora TV Pública). Para 2013 y 2014, se prevé un avance físico de 5% en 2013, y un avance similar en 2014 y 2015. El 85% restante aparece como “resto”. Es decir, se terminará después de 2015. Por esa obra, presupuestada en 39 millones de pesos, el contratista cobrará 2 millones de pesos en cada uno de los próximos tres años. El resto se pagará no se sabe cuándo ni con qué dinero. Algo similar ocurrirá con el proyecto de construcción de un edificio corporativo para el Correo Central. El Gobierno pagará $ 200.000 en cada uno de los próximos tres años para una obra que, según los cálculos del presupuesto, saldrá $ 514 millones. Para 2015 se prevé un avance físico de la construcción de 1 por ciento. El 99% restante quedará para más adelante. Eso sí, seguramente, estas obras serán anunciadas, como corresponde, con actos oficiales. Con la restauración del puente Nicolás Avellaneda sobre el Riachuelo se da el mismo caso: el 61% de la obra queda para después de 2015, así como también $ 42 millones de 70 millones que se estima que saldrá. Pese a que ahora el gobierno de Santa Cruz pasó a ser ex amigo, el presupuesto le tiene algunas sorpresas. Por ejemplo, está prevista la ampliación del puerto de Caleta Paula. El adjudicatario podrá cobrar ocho millones de pesos cada uno de los tres años siguientes sin poner un solo ladrillo, ya que el proyecto que aprobará el Congreso no le exige ningún tipo de avance físico ni en 2013 ni en 2014 ni en 2015.
EN CIFRAS
4,4% Expansión de la economía La previsión presupuestaria para 2013 ; las estimaciones privadas estiman que no se llegará a esa meta de crecimiento
11% Reducción de subsidios Las transferencias a las empresas privadas presentan una contracción; pasaron de $ 39.000 millones a $ 34.665 millones
13% Aumentos de sueldos El proyecto estima que los empleados públicos tendrán en 2013 una suba salarial de poco más de la mitad que en 2012.
Por Diego Cabot | LA NACION
