Dirigentes del agro salieron a rechazar ayer cualquier posibilidad de aplicar la ley antiterrorista para obligar a productores sojeros a vender su producción ante la necesidad de dólares.
El titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio López Salaverri, evaluó que los exportadores ya liquidaron parte de las retenciones y no tienen más soja para generar un mayor ingreso de dólares.
“Las ventas al exterior de granos del primer trimestre del 2013 son superiores a las de 2012 y 2011, con lo cual no se le puede endilgar al sector una menor liquidación de sus granos”, explicó.
La nueva campaña tiene demorada la recolección y al jueves último, según la Bolsa de Cereales porteña que espera 48.5 millones de toneladas de producción, había alcanzado solamente el 5 por ciento del área disponible, es decir, unas 19,5 millones de hectáreas.
Respecto de las existencias de soja, dirigentes y técnicos agropecuarios consideran que a lo sumo se encuentran guardadas 1,5 millones de toneladas de soja de la campaña anterior 2011-2012, que por condiciones climáticas no llegó a superar los 40 millones de toneladas, el resto fue vendido.
Las lluvias de primavera retrasaron la siembra de soja de la campaña 2012-2013, por lo que se demora la cosecha, lo que podría generar inquietud en los ámbitos recaudadores, especularon análisis de prensa, los que también evaluaron que la falta de venta de soja podría impulsar una devaluación.
El titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, calificó de “un acto fascista” la factibilidad de que se lleve a productores agropecuarios al ámbito penal, luego negada por funcionarios del Gobierno.
“Es un absurdo que se pretenda intimidar a la producción con un delito penal. Es un acto fascista el que se pretende llevar adelante”, dijo.
El presidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Rubén Ferrero, desestimó por su parte que el Gobierno vaya a aplicar la ley antiterrorista para obligar a los sojeros a vender la cosecha para que ingresen dólares al país.
Dijo que las versiones que trascendieron en las últimas horas sobre la eventual aplicación de la polémica norma sólo forman parte de “los aprietes y las amenazas del Gobierno contra el campo”.
Ferrero dijo estar “convencido” de que es “imposible” que el artículo 41 del Código Penal se aplique a los productores de soja, por lo que evaluó que es “parte del relato oficial de un Gobierno que responsabiliza al campo de todos los males que le pasan a la Argentina”.
El dirigente ruralista recordó que “hace dos meses salió una artillería de inspectores de la Afip a recorrer los campos y a intimar al productor a presentar documentación en 48 horas, cuando la resolución de ese organismo habla de siete o 10 días hábiles.
Alfredo De Angeli, director de Federación Agraria de Entre Ríos, actualmente con licencia, advirtió que se podría desatar un conflicto” entre Gobierno y el campo si la Casa Rosada aplica la ley antiterrorista.
PUNTAL
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