La presidenta Cristina Fernández anunció la semana pasada que los derechos de exportación de trigo cobrados por el Estado se destinarán a un fondo fiduciario que redistribuirá lo recaudado entre todos los productores del cereal
Se realizará mediante la creación de un “Certificado de Estímulo para la Producción Agropecuaria Argentina” (CEPAGA), un mecanismo fiscal que pretende estimular la producción triguera. Este anuncio generó repercusiones en los legisladores vinculados al agro y Directorio Legislativo los consultó para conocer sus opiniones.
De acuerdo con la medida, el titular de la Comisión de Agricultura, Luis Basterra (FPV-Formosa), consideró que se trata de “un estímulo para aumentar la superficie sembrada de trigo”. “La devolución de las retenciones tendrá un impacto directo al bolsillo del productor. Es una medida de llegada directa, manteniendo el esquema actual de retenciones”, dijo el diputado en diálogo con Directorio Legislativo.
Basterra explicó también que el sector triguero “mutó hacia la cebada atento a que brindaba mayores oportunidades, lo que motivó al gobierno, dentro de las reglas del mercado” a tomar esta medida.
Con respecto al futuro de la medida, el formoseño advirtió que “su éxito dependerá del compromiso de cada uno de los actores”. Asimismo, consultado sobre la posibilidad de acompañar el anuncio con una iniciativa legislativa, Basterra explicó que “por ahora la vía administrativa es la correcta para este tipo de políticas”.
También desde el oficialismo, la diputada Andrea García (FPV-Buenos Aires) razonó que “reintegrar las retenciones podrá generar un aumento en la superficie del área sembrada de trigo”. Asimismo, argumentó que desde el sector “vienen reclamando una baja de retenciones y esto implicará un estímulo de 500 millones de dólares”.
“Es una forma de incentivar la producción y hay que destacar que, en esta devolución, el control estará bajo la mirada de los productores”, dijo la diputada. En una autocrítica a anteriores políticas públicas, destacó que en “los últimos años se han tomado medidas que no fueron realmente efectivas” y manifestó que este anuncio implica “un esfuerzo de todos los argentinos para acompañar al sector triguero”.
Con respecto a la intención opositora de eliminar las retenciones, García fue contundente: “No se pueden eliminar las restricciones y pedir educación, salud y seguridad a la vez. Es una forma de vaciar el Estado y dejar de cumplir con los que menos tienen”.
“Ellos quieren una Argentina de pocos para pocos. La 125 fue una posibilidad de discutir la renta para los pequeños productores y esta devolución es una forma de acompañar a esos productores”, resumió. En tanto, García llamó a “empezar a discutir ley de semillas, de agroquímicos, de arrendamientos que son las problemáticas que están afectando al sector”.
Por el lado de los agro-diputados opositores, el diputado de la UCR, Ricardo Buryaile (Formosa), desestimó la medida presidencial. “Hizo ese anuncio porque vio caer dramáticamente el área de siembra. Pero no se va a cumplir, porque así pasó con los anuncios de Maíz Plus y Trigo Plus en ocasiones anteriores. Es un anuncio meramente declamativo”, dijo.
El diputado formoseño consideró que “el problema está en las restricciones cualitativas; trabas deliberadas en la importación que hacen que los poderosos se sigan enriqueciendo -como el caso de exportadores y molineros-, perjudicando a los pequeños productores”.
Además el ex titular de la Comisión de Agricultura de Diputados extendió la problemática a otros sectores del agro. “Eso también está pasando con la carne y con las economías regionales. El productor viene perdiendo plata hace tiempo, por eso la gente no le cree al gobierno”, manifestó.
A tono con el reiterado reclamo opositor, Buryaile propuso que “lo que tienen que hacer es eliminar las retenciones”. “Se están atribuyendo decisiones administrativas que no le pertenecen porque han caído las facultades delegadas; el Congreso tiene que tratar de trabajar en una propuesta impositiva superadora”, agregó.
Párrafo aparte en la declaración del radical mereció la intervención del Secretario de Comercio Interior en el sector agropecuario. “Moreno ha avanzado siempre; el avance de la Secretaría de Comercio está por encima de la producción y continúa quitándole rentabilidad al sector”, advirtió.
En la misma sintonía, se manifestaron los radicales Jorge Chemes (Entre Ríos) y Lucio Aspiazu (Corrientes). “Si el Gobierno quiso manotear los fondos de la Corte, no hay ninguna razón para pensar que va a respetar un fideicomiso de trigo”, consideró Chemes.
Mientras que su compañero de bloque expresó que “la única forma que el productor apueste hoy al trigo es que se bajen las retenciones ya o se elimine la intervención al precio ya”.
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