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Denuncia contra ruralistas

 

Una militante los acusó de instigación a cometer delito por una asamblea en la que productores criticaron duramente al Gobierno

Los máximos dirigentes de la Comisión de Enlace quedaron envueltos en una denuncia por “instigación a cometer delito, asociación ilícita, intimidación pública”, luego de que, en abril pasado, en una asamblea en Santa Fe, algunos productores expresaran controvertidas declaraciones contra el Gobierno.

La denuncia, hecha por Rosana Beatriz Mattarollo, una abogada que presuntamente milita en Miles, el partido de Luis D’Elía, es tramitada por la Fiscalía Federal de Primera Instancia N° 1 de Santa Fe, subrogada por el fiscal Walter Rodríguez. En la causa se menciona a Eduardo Buzzi (Federación Agraria Argentina); Luis Miguel Etchevehere (Sociedad Rural Argentina), Carlos Garetto (Coninagro) y Rubén Ferrero (Confederaciones Rurales Argentinas), junto a Raúl Zorzón, un productor que habría tenido fuertes dichos contra la Casa Rosada.

En el encuentro se escucharon duros cuestionamientos a la política agropecuaria e incluso hacia la continuidad del Gobierno. En un escrito, la fiscalía solicitó a los dirigentes de la Comisión de Enlace que informen “los motivos que inspiraron la convocatoria” a la asamblea y que precisen “la identidad de la totalidad de los asistentes” y de quienes hablaron en esa oportunidad.

REACCIÓN DEL CAMPO

El pedido judicial hizo reaccionar a los ruralistas, que lo calificaron de una “presión” hacia el sector. “Parece que es delito reunirse en la Argentina. Es rarísimo que se nos pida esto por una asamblea en un país democrático. Es una represalia a reunirse”, expresó a LA NACION Luis Miguel Etchevehere, presidente de la Rural.

Rubén Ferrero, presidente de CRA, tuvo palabras similares. “Esto está enmarcado dentro de la presión que se ejerce sobre el que piensa distinto. Las asambleas son abiertas y los productores hablan”, dijo.

Ricardo Dagotto, abogado de FAA, también fustigó la denuncia y señaló que la asamblea fue “para conocer la situación que están pasando los productores”.

“No tenemos la obligación de pedirles el documento a los que entran”, afirmó. Los dirigentes ruralistas evalúan una contestación formal al pedido judicial. Vale recordar que, luego de que trascendieran los fuertes comentarios de la asamblea, la Comisión de Enlace hizo una declaración de repudio, pero aclaró que los productores “no son golpistas”.

Por Fernando Bertello  | LA NACION