En el año 2003 se inició un periodo nefasto de la economía argentina en general y de la actividad
agropecuaria en particular. El Gobierno de entonces lanzaba una campaña de desprestigio y de
intento de sometimiento del sector más dinámico de la economía nacional. Fue el comienzo del
ataque artero y mendaz hacia los hombres de campo, de la aplicación de retenciones y restricciones
a las exportaciones de carnes, granos y leche, y sus derivados y subproductos; de la presión directa
o indirecta sobre el mercado y la generación de acciones coercitivas tendientes a amedrentar a
quienes sólo tenemos el objetivo de producir alimentos y energía generando el desarrollo y el
ingreso de divisas que el país necesita.
La imposición del peso mínimo de faena fue una de esas medidas de alteración del libre
desenvolvimiento del mercado de la carne que con el tiempo demostró ser inútil y que afectaba
sobremanera al actor más débil de la cadena: los ganaderos de cría. Todos los eslabones de la
cadena de producción, faena y comercialización conocen las dificultades de intentar engordar al
vacuno hembra al mismo ritmo que a los machos. Engorde que finalmente no resulta en kilos de
carne apetecible para el consumo o la exportación sino en grasa añadida con el sólo propósito de
alcanzar el mínimo impuesto arbitrariamente por funcionarios que defendían el negocio de unos
pocos.
Por ello, CARTEZ y las Entidades de Base que la integran apoyan la resolución 74 de la Secretaría
de Agroindustria que diferencia el peso mínimo de faena de machos y hembras, permitiendo que
estas últimas puedan ser procesadas a partir de los 140 kilos la media res con hueso, por tratarse de
una medida en camino al objeto final largamente reclamado por el Movimiento Rural Confederado
que es la eliminación total y definitiva del peso mínimo de faena.
Ing. Agr. Gabriel de Raedemaeker
Presidente de CARTEZ