La Legislatura Unicameral de la Provincia de Córdoba aprobó ayer la Ley 28.990 del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs). Con la promulgación de la Ley, esta iniciativa que lleva adelante el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene garantizada su continuidad en el tiempo, y además se dejan establecidos los criterios generales de funcionamiento y metodologías de trabajo.
La sanción del mencionado instrumento legal, vuelve a instalar a Córdoba como pionera en una propuesta que no tiene antecedentes al menos en el país: se trata de la primera ley que deja establecida una forma de producir cuidando los recursos e incentivando a los productores que hacen bien las cosas.
Con la presencia en el recinto del titular de la cartera productiva, Sergio Busso, y todo el equipo de trabajo del ministerio que de manera directa o indirecta tienen vinculación con el programa, y del presidente provisorio de la Legislatura Unicameral, Oscar González, los legisladores aprobaron la ley cerca de las 18, ante una gran cantidad de asistentes que llegaron al recinto para apoyar esta propuesta.
Estuvieron presentes los ministros de Ciencia, Walter Robledo y de Industria, Roberto Avalle, carteras que junto a Agricultura conforman el denominado Gabinete Productivo; representantes de las 50 entidades del sector productivo que integran el Consejo Consultivo de Buenas Prácticas Agropecuarias, además de docentes y alumnos de 32 colegios agrotécnicos que este año validaron prácticas en el programa y resultaron beneficiarios del mismo; también profesionales y dirigentes provinciales y nacionales de organismos y gremios del campo, entre otros.
Qué establece la ley
Como ejes principales, la ley designa al Ministerio de Agricultura y Ganadería como autoridad de aplicación del programa, y deja instituidos como incentivos del mismo Aportes Económicos no Reintegrables (ANR) para el productor que desarrolle sus actividades en el territorio provincial, bajo las condiciones que establece el denominado Manual Operativo del programa; y ANR para instituciones, entidades y organizaciones que colaboren y participen de su implementación, difusión y ejecución.
También deja establecida la creación de un Fondo de Promoción y Desarrollo de las Buenas Prácticas Agropecuarias, para que en cada ciclo anual se atiendan las erogaciones que demanda la implementación y ejecución. No menor es el capítulo que determina al Consejo Consultivo de BPAs (que hoy está conformado por 50 entidades del agro) como órgano de consulta, asesoramiento y colaboración en todo lo referido al funcionamiento del programa.
