Biodiésel: con la capacidad ociosa de las plantas se podría lograr la “soberanía energética”.

La Cámara de Biocombustibles también manifestó su preocupación por la intervención estatal de Vicentin.

 

La Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), que representa a las principales empresas productoras y exportadoras de biodiésel del país, expresó su preocupación por la intervención estatal en Vicentin.

Pidió que “se respeten todos los procedimientos legales y la división de poderes, emanados de la Constitución Nacional, de modo de no generar inseguridad jurídica y cuestionar la propiedad privada que aleja las inversiones”.

La Planta Avellaneda de Vicentin constituye un hito en la historia de los biocombustibles en el país, ya que desde esta procesadora, la empresa realizó en 2007 la primera exportación de biodiésel argentino a Europa.

Actualmente produce aproximadamente 500 toneladas diarias de biodiésel y está íntegramente desarrollada con tecnología local.

CARBIO señaló además “que la industria del biodiésel en la Argentina cuenta con capacidad de producción ociosa, que podría perfectamente duplicar su participación en cortes con gasoil en el mercado local, colaborando aún más en la sustitución de importaciones de gasoil”.

“De ese modo, se alcanzaría la soberanía energética con un producto 100% de producción nacional y amigable con el medio ambiente, sin desmedro de las exportaciones de biodiésel que ayudan a diversificar las exportaciones con mayor valor agregado y sosteniendo así la cadena sojera argentina”, dijo la entidad en un comunicado.

En este sentido, sostuvo que “el mercado interno de biodiésel es enteramente regulado por el Estado y ha sufrido vaivenes en el cumplimiento de su marco regulatorio”.

“Por lo tanto expresamos nuestra preocupación en que si el Estado Nacional continúa con su decisión de constituir una empresa estatal con capacidad de abastecimiento local y exportación en biocombustibles, ésta debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado”, añadió.

También manifestó que “cualquier tratamiento diferencial en materia financiera, impositiva o de otra naturaleza generará graves consecuencias económicas y sociales en este sector industrial”.

 

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