Columna de opinión de la Sociedad Rural de Río Cuarto publicada en el suplemento Tranquera Abierta de diario Puntal.
La escasa credibilidad de la Argentina en el concierto internacional por distintos factores como los constantes defaults, la elevada inflación, la inseguridad jurídica que frena las inversiones, la dilación en las causas por corrupción y la baja nota en transparencia y calidad institucional, se vio socavada aún más por el escándalo de las vacunas que trasciende las fronteras y la ponen bajo la lupa a nivel mundial.
Los representantes de los productores no deben abstraerse de este debate porque concierne a toda la sociedad, y en cada familia rural hay personas mayores o con enfermedades prevalentes que esperan ansiosamente la vacuna como esperanza de vida y observan azoradas cómo se saltaron las prioridades para beneficiar a amigos del poder.
El funcionamiento de un Vacunatorio “VIP” en el Ministerio de Salud de por sí es un hecho grave y así lo demuestra la inmediata separación de Ginés González García, quien era el titular de esa cartera.
Pero lejos de ahondar en la investigación, el Gobierno pretende cerrar el caso “ya”, sin hacerse cargo y buscando culpables –tal su costumbre- y los blancos predilectos son la Justicia y los medios de comunicación. El propio presidente Alberto Fernández fue categórico: “Terminemos con la payasada, no existe un delito por vacunar a alguien que se adelantó en la fila”.
El campo sabe bien de qué se trata porque con argumentos falaces reiteradamente se busca enfrentarlo al resto de la sociedad como ocurrió con el aumento de los alimentos, sin reparar que los productores no son formadores de precios y que el principal componente en el valor de un producto es la carga impositiva. Además de la incidencia propia de una elevada inflación que erosiona el poder adquisitivo de los salarios.
Cuando comenzó la pandemia y el Presidente anunció el aislamiento social obligatorio, fue acompañado por toda la sociedad. De hecho, la Rural de Río Cuarto se puso rápidamente a disposición de las autoridades sanitarias y convirtió su salón principal en un centro de aislamiento, al tiempo que sus dirigentes participaron activamente en campañas solidarias junto a otras instituciones para proveer de material a los equipos de salud.
Había quedado claro que las prioridades eran el personal de salud y los abuelos mayores. Por eso, ante la decisión de algunos de “adelantarse en la fila” (y la de otros de permitirlo), se puede aceptar que la primera línea de funcionarios reciba antes la vacuna en su carácter de “personal estratégico” porque deben viajar a distintos países y exponerse, pero en la lista aparece personal de segunda y de tercera línea, y amigos del poder…
Lo que no se puede soslayar es que muchos de los que se “adelantaron” figuran como “personal de salud” cuando tienen otras actividades.
En estas confusiones en las que reiteradamente cae el Gobierno, se debe hacer notar que la prioridad es buscar la inmunidad de rebaño y no la “impunidad de rebaño”.
Por eso es necesario que la Justicia actúe y amplíe las investigaciones porque ya comienzan a vislumbrarse casos similares en distintas administraciones provinciales.
Mientras tanto, es indispensable transparentar el plan de vacunación, tomarlo como una política de Estado, coordinada por especialistas en la materia (tanto de logística como de distribución e inoculación), con estricto control y cumplimiento.
