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Ley de Biocombustibles: que el lobby petrolero no sepulte las economías regionales

Columna de opinión de la Sociedad Rural de Río Cuarto publicada en el suplemento Tranquera Abierta de diario Puntal.

 

La puja política, las presiones del sector petrolero y la voracidad fiscal demoran la sanción de la prórroga de la Ley de Biocombustibles, que vence el 12 de mayo, lo cual pone en peligro la subsistencia de 54 empresas radicadas en diez provincias, que invirtieron 3.000 millones de dólares y que generan 65 mil puestos de trabajo.

Dicha ley fue sancionada en 2006, con desgravaciones impositivas y facilidades para las inversiones de las plantas de producción.

Con ese marco normativo, Córdoba hizo punta con el bioetanol de maíz, convirtiéndose en el principal productor. Esto no es casual sino que demuestra el auge de una economía regional, ya que la provincia está en el top-ten mundial en la producción del cereal, con el departamento Río Cuarto liderando el ranking nacional.

Es importante repasar los argumentos al aprobarse la ley para comprender los desatinos del presente: “Los procesos de producción son más eficientes, consumen y contaminan menos; se trata de una fuente que se encuentra mucho menos limitada que los combustibles fósiles; se genera empleo a nivel local; se reducen las emisiones de carbono y azufre; las cantidades de basura disminuyen; el nivel de seguridad es mayor en cuanto a su manejo y almacenamiento en comparación a los de los combustibles fósiles…”

En todos los debates sobre biocombustibles aparece la familia Kirchner en primer plano. En el 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner impulsó la ley que dio vida a estas nuevas industrias y la actual vicepresidenta, Cristina, en el Senado logró unanimidad para la prórroga. Pero, curiosamente, todo indica que el hijo de ambos, Máximo, está frenando su sanción definitiva en Diputados.

El principal heredero quiere llevar el corte del 10 al 5% del biodiesel de soja y del 12 al 10% del bioetanol de maíz, aunque con excepcionales beneficios para el bioetanol de caña de azúcar.

Esta postura tiene lógica en su armado político: la venia al lobby petrolero, donde juega un papel fundamental la devaluada YPF (su valor actual es muy inferior a lo que la propia Cristina pagó por la expropiación a Repsol para tener el 51% de las acciones en poder del Estado), el guiño al norte productor de caña de azúcar cuyos gobernadores responden a su signo político, y la necesidad fiscal.

Las autoridades cordobesas no ocultan su malestar: el secretario de Agricultura, Sergio Busso, dijo que “algo raro hay” y que se favorece al “lobby petrolero, que ha llegado a derrocar gobiernos”… Además se quejó porque se subsidia el “barril criollo” de petróleo mientras se van 3.500 millones de dólares en retenciones y a la provincia “no vuelve nada”.

Al parecer, el valor agregado en origen al Gobierno no le importa tanto como pregona, porque en su afán meramente recaudatorio cree más conveniente cobrar retenciones por exportaciones a granel, que utilizar el maíz en el interior productivo para generar trabajo y progreso. En tanto, las industrias tambalean y miles de puestos de trabajo están en peligro.