Facebook
Twitter

Precios y alimentos: especialistas aconsejan evitar cualquier intervención sobre el campo

Analizan cómo el Estado se beneficia con el salto en el precio de los granos y aseguran que con ese excedente de ingreso por retenciones se puede subsidiar el consumo de los más necesitados.

 

El economista Juan Carlos Hallak, doctorado en Harvard en 2002, analizó junto a Victoria Luca, de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el impacto de la suba internacional de los commodities agrícolas sobre el precio de los alimentos, a pocas horas de que la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, adelantara que el Gobierno analiza un aumento de retenciones.

La conclusión a la que arribaron ambos economistas es que el incremento en la recaudación de retenciones generado automáticamente por el aumento en los precios de los granos es más que suficiente para desacoplar el precio local de los alimentos de la evolución de los precios internacionales en el caso de los hogares bajo la línea de pobreza sin necesidad de incrementar las alícuotas de las retenciones: “Una alternativa más eficiente es sólo subsidiar el consumo de los más necesitados”.

“A pesar de enfrentar precios más altos en el mercado, estos hogares podrían recibir un subsidio que compense el incremento generado en la Canasta Básica de Alimentos (CBA). Incluso teniendo en cuenta una posible subestimación del gasto en alimentos afectados y de la incidencia en el precio de los alimentos, el bajo porcentaje que representa el subsidio necesario con respecto a los recursos adicionales que se generan permite asegurar que este resultado se cumple con holgura”, destacan.

A su vez, repasan (con respecto a la implementación de subsidios) que existen mecanismos redistributivos para llevar a cabo esta reasignación (aunque imperfectamente) utilizando los esquemas de programas sociales ya existentes: “Aunque un aumento en las alícuotas de retenciones siempre es potencialmente justificable desde un punto de vista de necesidad fiscal, no se podría justificar en la necesidad de compensar a la población bajo de la línea de pobreza por el aumento en el precio de los commodities ya que este fenómeno, por sí solo, genera los propios recursos para compensar sus efectos sobre dicha población”, explican.

“En vez de aumentar las retenciones para bajar los precios internos, se podría dejar que estos aumenten en línea con los precios internacionales y simultáneamente establecer un mecanismo redistributivo que subsidie el consumo alimentario del grupo de interés para compensar su mayor costo (el fideicomiso implementado para el aceite de girasol es un ejemplo en esta línea)”, remarcan.

En el relevamiento de ambos economistas, el aumento en el precio de los commodities del 50% induciría un aumento de la canasta básica alimentaria del 3,6% por adulto, que se podría cubrir con un subsidio mensual de US$ 3: “Anualizando este subsidio (multiplicamos por 12) resulta en un subsidio anual por adulto equivalente de US$  36,1”, agregan.

Dado un subsidio anual de US$ 36,1 por adulto equivalente, falta definir la población objetivo que recibiría este subsidio. Para ello se tomó como referencia al 30,4% de hogares debajo de la línea de pobreza. Este umbral implica cerca de 4,5 millones de hogares según las proyecciones de población del Indec. Estos hogares están compuestos por 3,4 adultos equivalentes en promedio, lo que se traduce en 15,4 millones de adultos equivalentes que deberían recibir el subsidio (18,5 millones de personas en términos de población real).

Multiplicando esta cantidad de adultos equivalentes por el subsidio de US$ 36,1 por adulto equivalente, se obtiene en total una necesidad anual de subsidio de US$ 555 millones (0,14% del PBI) para compensar a los hogares bajo la línea de pobreza por el aumento en el costo.

Bajo este marco, se preguntaron cuánto representa este subsidio en relación con el ingreso adicional por retenciones que genera el aumento de precios internacionales.

Con las alícuotas de retenciones actuales, tomando sobre esta base un aumento de 50% en el precio internacional de todos los commodities, el Estado obtendría adicionalmente US$ 2.593 millones por derechos de exportación.

Es decir, entonces, que el subsidio anual de US$ 555 millones calculado anteriormente representa el 21% de los recursos fiscales adicionales vía retenciones generado por el aumento de precios internacionales de los granos.

 

* Victoria Luca es licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires y tiene una Maestría de la Universidad de San Andrés.

* Juan Carlos Hallak es licenciado en Economía de la UBA, Doctor en Economía de la Universidad de Harvard y miembro de la Carrera del Investigador del Conicet. También es profesor de la Universidad de San Andrés.

 

Fuente: Agrofy News.