La entidad ruralista advirtió que “no es bueno cambiar el caballo a mitad del río, y modificar el statu-quo vigente durante 25 años implica poner en peligro nuestra vía de comunicación con el mundo, al menos que se nos quiera aislar del mismo”.
Mediante un comunicado Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) fijó su posición sobre la decisión del Gobierno de estatizar al menos por un año la Hidrovía Paraná-Paraguay.
El siguiente es el documento difundido por la entidad que preside Jorge Chemes:
“Argentina está lejos de los principales mercados del mundo, por lo tanto, la competitividad de nuestros productos está supeditada a la eficiencia de nuestros sistemas logísticos.
La Hidrovía Paraná-Paraguay ha sido la gran obra de infraestructura que ha permitido durante un cuarto de siglo que los buques oceánicos ingresen al núcleo de nuestra producción agroindustrial, e implica al día de hoy una gran avenida por la cual transcurre el 80% del comercio exterior de nuestro país.
Resulta atinado recordar que antes de la concesión del dragado y la señalización de la red de navegación troncal dichas las tareas las realizaba el Estado, de manera deficiente e imprevisible, y a partir de la concesión financiada por los privados bajo control estatal se ha consagrado un sistema logístico virtuoso, que ha permitido además la integración con nuestro países vecinos.
Ante el vencimiento del contrato de concesión de la Hidrovía, el actual Gobierno nacional ha tenido un rumbo serpenteante. Se celebró un Acuerdo Federal de Hidrovía con los gobernadores y se conformó una Sociedad de Estado entre Nación y Provincias con un objetivo que luego no lo fue; se creó la unidad ejecutora que iba a elaborar los pliegos de la futura licitación internacional y luego se la desactivó; se creó el Consejo Federal de Hidrovía invitando a provincias e instituciones, que sólo tuvo una reunión plenaria pomposa allá por febrero y luego se serenó; ante el inminente vencimiento del contrato se decidió continuar el mismo de manera precaria por 90 días; y finalmente se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 427/21 por el cual se le otorga a la Administración General de Puertos (AGP) la concesión.
Muchas voces hemos sostenido la necesidad de ir hacia una nueva licitación internacional para concesionar la vía de navegación y lograr un sistema más óptimo, y en el mientras tanto prorrogar la actual concesión. No es bueno cambiar de caballo a mitad del río, y modificar el statu-quo vigente durante 25 años implica poner en peligro nuestra vía de comunicación con el mundo, al menos que se nos quiera aislar del mismo.