Columna de opinión de la Sociedad Rural de Río Cuarto publicada en el suplemento Tranquera Abierta de diario Puntal.
La movilización a San Nicolás convocada para hoy trascendió las fronteras del campo para convertirse en una concentración multisectorial, porque numerosas actividades están atravesadas por la misma crisis, el cercenamiento de derechos y ven peligrar sus emprendimientos o empleos.
Las entidades agropecuarias del país, entre ellas la Sociedad Rural de Río Cuarto, expresaron su adhesión a la movilización en defensa del trabajo y la producción, y en reclamo de educación, salud y justicia.
A la convocatoria también se suman sectores castigados por la administración de la pandemia, el propio personal de salud y hasta los Gauchos de Güemes que vieron frustrado su desfile en homenaje al prócer en el acto que presidió Alberto Fernández en Salta, donde la mezquindad política le ganó a la evocación patriótica.
El campo tiene sobrados motivos para decir presente.
Los efectos del cepo a las exportaciones de carne ya golpean con rigor. En los últimos remates el precio de la vaca que iba a China se desplomó y en algunos casos fueron devueltas al campo porque en nuestro país no se consume, constituyendo un duro cachetazo al criador. A pesar de esto, la carne en el mostrador siguió subiendo más que la inflación.
Otro coletazo es la situación de la industria. Por ejemplo, un frigorífico regional que había conseguido la autorización para exportar ahora tiene que frenar inversiones y la incorporación de 100 trabajadores.
También avanza en el Congreso la ley de biocombustibles, que baja los cortes de bioetanol y biodiesel, con lo cual pone en jaque a numerosas plantas de producción, la mayoría instaladas en la provincia de Córdoba, y también miles de empleos.
En el interior productivo muchos gobernantes son conscientes de que “si al campo le va mal, a la ciudad también le va mal” y lo reiteran en cada discurso. Ello se ve reflejado en la caída de la actividad de centenares de pymes articuladas con el sector, concesionarias, construcción, corralones, ferreterías, veterinarias, etc…
Pero más allá del campo hay situaciones como la limitación del derecho de trabajo de vastos sectores, bajo el escudo de la emergencia sanitaria, que desplazó de sus actividades a miles de ciudadanos que quedaron al desamparo.
También hay reclamos comunes de toda la sociedad, como la degradación y la parálisis de la educación, el mal manejo de la pandemia, la falta de vacunas y los privilegios, y el avance sobre la Justicia que hace peligrar la división de poderes para convertirla en un apéndice de la política como, en gran medida, ocurre con el Poder Legislativo.
Pese a este cuadro de situación el Gobierno aumenta la carga impositiva a niveles asfixiantes, cierra la economía, realiza una inusual emisión monetaria y multiplica planes sociales, minando la cultura del trabajo. Un atisbo de alivio para hoy, pero una hipoteca para el futuro.
Parece la “teoría de la involución”: las medidas llevan al Gobierno a su nivel más bajo de credibilidad y generan desconfianza; esa desconfianza se traduce en menos inversiones y la salida del país de numerosas empresas de primera línea; sin inversiones no hay trabajo y sin trabajo se amplían los índices de pobreza e indigencia.
