Columna de opinión de la Sociedad Rural de Río Cuarto publicada en el suplemento Tranquera Abierta de diario Puntal.
El avance en el Congreso de proyectos de expropiación de terrenos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) en Catamarca y Salta enciende las luces de alerta ante el intento de avasallamiento a un organismo líder del escenario agrotecnológico en investigación, extensión e innovación.
De hecho, en el Senado se aprobó por unanimidad la iniciativa del legislador Dalmacio Mera (Frente de Todos) de transferir a título gratuito a la provincia de Catamarca un inmueble ubicado en el departamento de Valle Viejo. Ahora el proyecto debe ser tratado en la Cámara de Diputados.
No son los primeros embates contra el Instituto. Ya en febrero la Mesa de Enlace de Córdoba había expresado su contundente rechazo a una declaración del “Frente de Todos – Inta”, por su intento de convertirlo en un “bastión político”.
Investigadores cordobeses transmitieron en ese entonces su desazón por el entorpecimiento que sufrieron trabajos científicos por parte de sectores internos que, bajo el pretexto de las restricciones impuestas por la pandemia, se negaban a realizar tareas. De esta manera, dijeron, se impidió el desarrollo de ensayos y de investigaciones con varios años de proceso.
Ante este cuadro de situación es necesario recordar que el Inta fue creado para “impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria”. Y se define como un ente descentralizado y autárquico gobernado por un Consejo Directivo integrado por “miembros de la producción”. De hecho, desde su reglamentación en 1986, se establece que el organismo debe contar con cinco consejeros en representación de CRA, Federación Agraria, Sociedad Rural, Coninagro y Crea.
La institución –indica la propia página web del Inta- tiene presencia en las cinco ecorregiones de la Argentina (Noroeste, Noreste, Cuyo, Pampeana y Patagonia), a través de una estructura que comprende una sede central, 15 centros regionales, 52 estaciones experimentales, 6 centros de investigación y 22 institutos de investigación, y más de 350 Unidades de Extensión.
El Estado debe resguardar la historia y la trayectoria del Inta, con decisiones firmes y contundentes para garantizar su normal funcionamiento e impedir estos atropellos.
La misma responsabilidad le cabe al Congreso de la Nación, donde los senadores -que parecen tener la mirada puesta exclusivamente en la campaña electoral- se vendaron los ojos a la hora de votar el absurdo proyecto de expropiación en Catamarca. Y no sólo fue por el voto del Frente de Todos, sino que salió por unanimidad.
Quizás para enmendar su error de acompañar esa iniciativa, el senador Alfredo De Ángelis (Juntos por el Cambio – Entre Ríos), ahora vuelve sobre sus pasos y presenta un proyecto para que los inmuebles adjudicados a estaciones experimentales, agencias e institutos del Inta no podrán ser re-adjudicados para otro fin.
La salud de cualquier organismo no debe ser sometida a un juego de prueba y error. También se debe evitar que el Inta prescinda de su prestigio científico para convertirse en una trinchera partidaria. Por eso, el Congreso tiene que frenar todo intento de vulnerar sus derechos y el Gobierno dar señales contundentes en defensa de una institución que marca el camino del avance tecnológico, la innovación y el desarrollo.
