Columna de opinión de la Sociedad Rural de Río Cuarto publicada en el suplemento Tranquera Abierta de diario Puntal.
La persistencia del cepo a las exportaciones de carne vacuna y los intentos para modificar la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), desplazando de la conducción al sector privado, sólo se pueden explicar desde una visión ideológica que impulsa una economía cada vez más cerrada y un alto intervencionismo del Estado.
Son recetas de probado fracaso que llevaron al país a ocupar los últimos lugares del ranking de desarrollo económico y progreso, restándole calidad institucional.
En cuanto al tema carnes, el martes próximo vence el artículo 2 del decreto que establece un cupo del 50% a la exportaciones. La cadena de ganados y carnes reclama la apertura total de las ventas al exterior, aunque las señales que da el Gobierno no son nada alentadoras: “Las posibilidades son que se sostenga el cupo o que se amplíe un poco más”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
Respecto del Inta, ya son varios los intentos de modificar un organismo que actualmente tiene pluralidad de opiniones y marca el desarrollo tecnológico y productivo del país, con profesionales de reconocida trayectoria y capacidad.
Después de los embates del denominado Frente de Todos–Inta y las iniciativas para expropiarle tierras en dos provincias, ahora el oficialismo a través de las diputadas Alcira Figueroa (Salta) y Mabel Caparrós (Tierra del Fuego) impulsa modificar el Consejo Directivo, para convertirlo en un órgano exclusivamente político y desplazar de la toma de decisiones a los representantes del sector agropecuario y a los académicos.
El Consejo Directivo está integrado actualmente por un representante de cada una de las cuatro entidades agropecuarias, 1 miembro de Crea, 2 por las facultades, un presidente, un vicepresidente y un representante del Ministerio de Agricultura.
La desconcertante iniciativa de las diputadas pretende que el órgano de conducción esté integrado por 8 miembros: un presidente, un vicepresidente, un representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, uno del Senasa, uno del Ministerio de Ambiente, uno del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y dos vocales en representación de las provincias.
Se trata de un abierto intento de transformar el Instituto en un bastión político, relegando al sector privado a un simple Consejo Asesor conformado por 2 miembros de las facultades, uno de las cooperativas de productores, uno de las asociaciones de productores y otros dos de las organizaciones de agricultores familiares.
Esto es otra muestra del sesgo anti-campo del ala más dura del oficialismo, que prácticamente despoja de toda participación a las cuatro entidades que representan a la mayoría de los productores del país.
Por eso, es imperioso que el Congreso le ponga freno a este tipo de proyectos y otros que también obstaculizan el desarrollo y el crecimiento.
