De no mediar modificaciones el límite es el actual del 33 por ciento para la soja y del 15% para maíz y trigo, con lo cual hay un margen de tres puntos porcentuales para elevarlas en estos cereales.
A través del proyecto de presupuesto para el año próximo, el Gobierno nacional busca extender hasta diciembre de 2024 la facultad para modificar los derechos de exportación agroindustriales.
El proyecto presentado en el Congreso también prevé un incremento en este concepto para el próximo año, cifra que representa una suba de 21,5%.
“No esperábamos una baja en las retenciones, pero al menos sabemos que no van a subir”, reconoció una fuente de las entidades del campo. Los exportadores, en tanto, sostienen que la carga tributaria para el complejo sojero sigue siendo elevada.
El texto busca sustituir el noveno párrafo del artículo 52 de la Ley 27.541, que establece como límite para modificar este impuesto el próximo 31 de diciembre.
Esta normativa fija un techo de 33% para soja y 15% para trigo, maíz y carne vacuna. En la actualidad, la oleaginosa tributa 33%, mientras que en cereales llega a 12%, situación que da al oficialismo un margen para subir 3 puntos, sin necesidad de pasar por el ámbito legislativo. En carne vacuna, la situación es similar, porque el impuesto es de 9% y puede llegar a 15% por la misma vía.
Las entidades que componen la Mesa de Enlace entienden que el Gobierno busca mantener los actuales porcentajes, con el detalle de extender la medida hasta 2024.
De este modo, la gestión que asuma en diciembre de 2023 tendrá un año de margen para negociar como serán los derechos de exportación.
Las gremiales rurales interpretaron que con esta decisión, el oficialismo mantiene el actual status quo en materia de política tributaria para el campo. “Un gesto sería anunciar una baja gradual”, admitieron.
El complejo sojero tiene una postura más dura, tras un año con ciertos matices de complejidad para ese sector. A la caída en el volumen cosechado, se suman problemas como la bajante del Paraná y un polo de crushing que aun con récord de molienda, trabaja con márgenes negativos. “Buscamos que se baje la carga tributaria sobre la soja, es muy elevada”, reconoció un industrial con base en el up river rosarino. Y agregó: “Si bien nos dicen que no va a subir, la presión sigue muy alta”.
El nuevo presupuesto permite correr el velo sobre las primeras proyecciones en relación a los ingresos fiscales que generará el campo. Para 2022, estiman que serán de $ 1.134 millones, que representará un 1,89% del PBI. Durante el presente año, la cifra es de $ 933 millones, un 2,17% del Producto Bruto Interno. Otro número que se conoció fue la partida presupuestaria que se asignará al Ministerio de Agricultura, de $ 30.000 millones.
El conflicto entre campo y Gobierno por las políticas tributarias se encuentra en pausa, tras las elecciones Paso del 12 de septiembre.
