Así lo sostuvo la Fundación Barbechando, para quien el proyecto presentado por el Gobierno “no generará los objetivos expresados”. Y advirtió que “empobrecerá aún más a las provincias disminuyendo sus recursos”.
El nombre completo del proyecto de ley presentado el último jueves por el presidente Alberto Fernández es “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”, y para Fundación Barbechando “no generará los objetivos expresados” en tan larga denominación.
Según explicó en su sitio web la organización especializada en monitoreo legislativo, el proyecto que en los próximos días será enviado al Congreso, “no es federal” porque “se aplica directamente a impuestos coparticipables empobreciendo más aún a las provincias disminuyendo sus recursos. Los derechos de exportación, que no se coparticipan, generan un enorme daño a la Argentina federal”.
Indicó en una opinión titulada “¿Políticas públicas o espejitos de colores?” también que el proyecto “no es inclusivo”, y justificó: “El 80% de los productores son mini pymes y pymes a las que les sería casi imposible hacer los trámites que le permitan acceder al beneficio. Es más fácil mejorar sus precios quitándole derechos de exportación que someterlos a más trámites para devolverles algo que sabemos que el Estado nunca devolverá”.
Además, aseguró que “no es sustentable”. “Un plan a cuatro años lo hace coyuntural y hasta electoralista, pero no sustentable”, sostuvo.
La Fundación conformada por empresarios y profesionales del sector agropecuario, manifestó que el proyecto “no es exportador”. “El único camino del incentivo exportador es trabajar en un plan para eliminar los Derechos de Exportación. Esto ya está demostrado, no querer verlo es no querer exportar y no querer exportar es seguir socavando las fuentes genuinas de inversión y empleo”.
Desconcierto
Por otra parte, con mucha lógica, la Fundación planteó que “el mismo día que se presenta una ley para fomentar las exportaciones, se tienen las ventas de carne al exterior semicerradas, los derechos de exportación en su límite máximo, se define que la carne, el maíz y el trigo son un bien público cultural, se manifiesta la necesidad de regular exportaciones”.
“Estamos desconcertados. Es más confuso aún, cuando el Poder Ejecutivo solicita al Congreso, en la Ley de Presupuesto de hace un mes, ampliar las facultades delegadas para el manejo discrecional de los derechos de exportación. Todo esto es al menos esquizofrénico”, analizó.
“El sistema productivo argentino necesita políticas públicas para los próximos 50 años, donde el camino es sin duda el trabajo en conjunto y la generación de consensos que nos permitan reconstruir un país devastado”, advirtió.
