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Detrás de un discurso “conciliador” se esconde una mayor intervención en los mercados

Columna de opinión de la Sociedad Rural de Río Cuarto publicada en el suplemento Tranquera Abierta de diario Puntal.

 

 

En una nueva puesta en escena, el Gobierno presentó como un “guiño al campo” la liberación de las exportaciones de la vaca vieja a China y el proyecto de fomento al desarrollo agroindustrial. Sin embargo, el contenido de la iniciativa, las declaraciones posteriores del ministro Julián Domínguez y las medidas adoptadas sólo reflejan la decisión del Estado de profundizar su intervención en los mercados.

 

En la reunión con el ministro de Agricultura y Ganadería, la Mesa de Enlace esperaba que se anunciara una apertura total de las exportaciones de carne vacuna y se fue con sabor amargo. Sólo se prometió que desde el lunes 4 de octubre se reabría la venta de la vaca conserva a China, aunque hasta el cierre de esta columna esa resolución aún no se había oficializado.

 

En tanto, para  pensar un programa de desarrollo agroindustrial a largo plazo se necesitan dos condiciones básicas: disminución progresiva de un impuesto distorsivo como las retenciones -hasta su total eliminación- y un sinceramiento del mercado cambiario, porque la brecha entre el dólar que cobran los productores y el dólar de mercado se acerca ya a un 90 por ciento.

 

Nada de esto se contempla en el proyecto oficial, con lo cual los derechos de exportación parecen sellados a perpetuidad, y la brecha cambiaria en los hechos representa otra insostenible imposición.

 

En ese sentido, la Fundación Barbechando, que monitorea los proyectos legislativos vinculados a los productores agropecuarios, consideró que el único incentivo exportador es trabajar en un plan para eliminar las retenciones: “No querer verlo es no querer exportar”, sentenció.

 

Y dijo que la iniciativa “no es federal porque se aplica directamente a impuestos coparticipables empobreciendo más aún a las provincias disminuyendo sus recursos. Los derechos de exportación no se coparticipan y generan un enorme daño a la Argentina federal”.

 

Además, el ministro Domínguez calificó como “bienes culturales” a las producciones de carne, trigo y maíz. Esto disparó las alertas de los productores, cuya lectura es que la definición encierra el claro propósito del Estado de tener vía libre para intervenir esos mercados cuando lo considere necesario.

 

Esto conlleva el peligro latente de la discrecionalidad a la hora de establecer los cupos exportables, tal como ocurrió en anteriores oportunidades.

 

Pero el funcionario fue más allá: “Mientras yo sea ministro, la exportación de carne no podrá superar nunca el 24 por ciento del total producido”. Qué significa: más intervención y desaliento a toda proyección e inversión ganadera con potencial exportador.

 

Por otra parte, algunas de las medidas adoptadas, lejos de incentivar a los productores y las industrias, generan mayor incertidumbre, preocupación y ponen en vilo a economías regionales, como la decisión de modificar el valor FOB de referencia para las exportaciones de maní, cuya producción se concentra casi exclusivamente en Córdoba.

 

Como se observa, del discurso a los hechos hay una distancia enorme. Todo este cóctel erosiona aún más la confianza y la posibilidad de entablar un diálogo profundo para buscar soluciones. La voz de las urnas pedía un cambio de rumbo, pero el Gobierno parece decidido a radicalizar su postura, alimentando la hipótesis de una creciente conflictividad.