El discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones del Congreso de la Nación esta semana dejó una doble sensación con respecto a los pocos párrafos que le dedicó al sector agropecuario.
El reconocimiento sobre la importancia de la actividad para la economía nacional fue un punto destacado del mensaje presidencial, cuando repasó además que el año pasado hubo ingreso récord de divisas fruto de la combinación ideal de alta producción y buenos precios internacionales.
Y luego avanzó con la necesidad de seguir incrementando niveles de exportación y agregado de valor de materias primas. Fue allí en ese punto que el discurso de Alberto Fernández se apartó de la realidad que viene impulsando su Gobierno.
Los dichos y los hechos se separaron decididamente allí, en particular por las políticas que los funcionarios de su gestión vienen impulsando, desde algunas carteras en particular.
Es que los crecientes logros de la producción agropecuaria vienen lográndose a pesar de las políticas públicas. De las últimas 5 campañas, en cuatro se superaron las 120 millones de toneladas de granos, con la única excepción de la 18/19 que sufrió la última gran sequía.
No hay, en general, medidas que surjan desde las oficinas de gobierno tendientes a facilitar los procesos productivos, a dar respuestas a las problemáticas o a apuntalar proyectos de crecimiento con financiamiento beneficioso y a largo plazo. El agregado de valor está más atado al ímpetu y a la audacia de quienes deciden invertir que al fomento que se recibe desde los gobiernos, que en muchas ocasiones inician un camino que a poco de andar lo dejan trunco y con ello se pierden esfuerzos y dinero en lo que prometía ser “una nueva política de estado”.
En el último año, que en materia productiva es el muy corto plazo, vimos idas y vueltas con las exportaciones de maíz a comienzos de 2021; cierre total de exportaciones de carne que luego fueron pasando a trabas selectivas; anuncios de implementación de fideicomisos que comenzaron con el girasol -ya en marcha- y luego se aplicarían a trigo y maíz; y hasta una empresa estatal alimentaria. Poco antes se pensó en reflotar la Junta Nacional de Granos por parte de la senadora rionegrina Silvina García Larraburu que parte del oficialismo parlamentario celebró y vio con agrado. Fue casi en sumultáneo con el avance sobre Vicentin.
Nada de todo eso permite imaginar que redundará en más inversiones, más producción y más exportación para generar más empleo y divisas para el país. Está claro que estos últimos dos elementos son los necesarios para comenzar a salir de la prolongada situación de estancamiento con crisis recurrentes de los últimos 12 años.
Pero las políticas aplicadas no están encaminadas en ese sentido. Los resultados evitan cualquier tipo de análisis adicional. Se llegó hasta aquí aplicando a repetición las mismas herramientas.
Es hora de cambiar la mirada para alentar el crecimiento del sector más competitivo que tiene la Argentina y que es capaz de igualarese con las principales potencias del mundo y hasta liderar en innovación y desarrollo.
El país transita otro momento crucial en el que debe honrar sus deudas con su principal acreedor, pero luego debe poner de una vez por todas en orden su economía para despejar la incertidumbre y alentar decididamente el crecimiento. Debe pasar del discurso a los hechos.
