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El Gobierno aumentó las retenciones a la harina y el aceite de soja y puso en pie de guerra a las aceiteras


Luego del confuso discurso del presidente Alberto Fernández el viernes a última hora, cuando se refirió a las acciones que iban a llevar adelante desde su gestión para combatir la inflación, en la madrugada siguiente se public
aron en el Boletín Oficial los detalles de la única medida concreta que se conoció hasta aquí para intentar frenar todos los precios de la economía que avanzan a paso recalentado en el arranque del año: un fideicomiso que compense a los molinos el precio del trigo. Para eso, se aumentaron dos puntos el nivel de retenciones de la harina y el aceite de soja –pasan de 31% a 33%- y lo recaudado irá a fondear el instrumento que subsidiará la compra del cereal a la industria molinera. ¿Esa medida se trasladará al consumidor y a partir de la implementación comenzará a pagar menos el kilo de pan o las pastas?

Lo cierto es que justamente el vocero del Gobierno fue el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, que anunció “la suspensión temporaria del diferencial de 2% de los derechos de exportación de harina y de aceite de soja del decreto 790/2020”, y que “esta suspensión de estos derechos de exportación harán que vuelvan al 33%, porcentaje que ya las empresas le descuentan al productor”. Fue durante una conferencia de prensa en la cartera agropecuaria.

Asimismo, Domínguez informó que se instrumentarán las medidas necesarias “para estabilizar al precio del trigo a valores pre bélicos, mientras duren las consecuencias del aumento a causa de esta guerra” entre Rusia y Ucrania.

En una conferencia de prensa realizada en la sede del Ministerio de Agricultura, el ministro Domínguez explicó que se busca “desacoplar” el precio interno de los precios internacionales con dos objetivos: “Uno, tratar de cuidar a los consumidores; segundo, que esta medida no perjudique a los productores argentinos”.

En este sentido, Domínguez remarcó que estas medidas se toman para “defender a los consumidores” e insistió en que “de ninguna manera perjudique a productores argentinos”.

El Presidente Alberto Fernández “ha decidido la creación del Fondo Estabilizador Temporal del trigo argentino” ante “la propuesta que le hemos presentado”, afirmó el funcionario, y explicó que la suba del precio internacional de este cereal por la guerra entre Rusia y Ucrania “se trasladó al precio del pan”.

Al mismo tiempo, Domínguez anunció que con el propósito de “captar los precios internacionales de esta coyuntura histórica”, se decidió “abrir los registros de exportación de la cosecha 22-23 por un total de 8 millones de toneladas de trigo, que se suman a las 2 millones de toneladas ya autorizadas”.

“Con esta decisión pretendemos lograr el objetivo de darle previsibilidad a los productores para la próxima siembra de trigo y lograr un nuevo récord de producción”, dijo el titular de la cartera agropecuaria.

Críticas de las aceiteras y amenaza de ir a tribunales

Lo cierto es que la medida de aumentar del 31% al 33% los derechos de exportación de la harina y el aceite de soja no cayó bien en las empresas aceiteras del país que amenazaron con recurrir a la Justicia contra esta nueva disposición.

La Cámara de Industrias Aceiteras (Ciara) emitió un duro comunicado en el que “rechaza la suba de derechos de exportación para la harina y el aceite de soja al 33%, medida primarizante que atenta contra la industrialización del poroto”, apuntó.

Y sugirió caminos alternativos: “Dada la suba internacional de los precios, el Gobierno pudo buscar mecanismos directos de compensación a los sectores vulnerables, rebajar temporalmente el IVA o a la comercialización de productos farináceos y aceites que son los más impactados por las subas internacionales”.

Por otra parte, alertó que “al subir las alícuotas en productos procesados que no afectan el índice de inflación, deterioran las condiciones de producción, trabajo y exportación del primer complejo exportador nacional, dado que castigan la capacidad de pago del principal comprador de soja del país”.

Por último, remarcó que “la suba de derechos de exportación no es legal ya que el Poder Ejecutivo perdió las facultades delegadas del Congreso Nacional; el Decreto debe ser refrendado por la Comisión Bicameral. Las empresas agroexportadoras están analizando todas las acciones judiciales para cuestionarla”.