En el marco del inicio de la cosecha gruesa y frente a los recientes conflictos registrados en la zona de Las Acequias, la Rural de Río Cuarto mantuvo dos reuniones clave: primero, con representantes de las principales empresas dadoras de carga de la región; y posteriormente, con referentes de la Federación de Transportadores Argentinos de Cargas (FECOTAC).
Durante el primer encuentro, participaron representantes de empresas como Cotagro, Aceitera General Deheza, la Cámara de Dadores de Carga, y se contó además con la adhesión de ATS, que no pudo asistir presencialmente, pero manifestó su respaldo a los temas tratados.
El eje central de la reunión fue la preocupación por las medidas de fuerza implementadas recientemente por sectores del transporte, que incluyeron cortes de ruta, piquetes en accesos a campos y bloqueos en plantas de acopio. La Comisión Directiva de la Rural remarcó la necesidad de evitar estas acciones que afectan directamente al productor, quien se ve imposibilitado de contratar transporte externo o movilizar su producción.
“Coincidimos en que la producción, el transporte y el acopio son tres patas fundamentales de una misma actividad, y que el debate debe ser maduro, responsable y con la participación equitativa de todos los actores involucrados”, expresó el presidente de la entidad, Heraldo Moyetta.
Uno de los puntos acordados con los dadores de carga fue la importancia de que los productores estén informados y puedan participar de las negociaciones locales en torno a tarifas de transporte, especialmente cuando estas derivan en conflictos. Si bien existe una Mesa de Transporte a nivel provincial, donde se consensúan tarifas de referencia —con participación de gremios como FECOTAC, entidades de acopiadores y organizaciones rurales como CARTEZ—, la realidad marca que muchas veces las diferencias se resuelven a nivel regional, sin la debida representación de los productores.
En el segundo encuentro, mantenido con referentes de FECOTAC, la Rural reiteró su postura de rechazar cualquier tipo de presión ejercida a través de medidas que perjudiquen la libre circulación o el normal desarrollo de la actividad agropecuaria. Además, se planteó la necesidad de establecer canales de diálogo que garanticen negociaciones más justas y transparentes, contemplando las realidades de cada zona.
“La tarifa de referencia consensuada en Córdoba muchas veces no refleja las condiciones reales de nuestra región, y en ocasiones se fija sin la presencia de todos los sectores, lo que genera distorsiones que terminan afectando al productor”, explicó Moyetta.
Ambas reuniones se desarrollaron en un clima cordial y con una visión compartida sobre la necesidad de construir consensos duraderos, priorizando el trabajo conjunto y el respeto entre todos los actores de la cadena productiva.
