Desde el inicio de las restricciones para acceder al dólar, hace doce meses, se sucedieron varias medidas que imponen una mayor intervención del Estado
Para bien o para mal, desde hace exactamente un año, cuando se instauró lo que la presidenta Cristina Kirchner niega que sea un cepo cambiario, el llamado modelo económico se profundizó. Se sucedieron en estos últimos 12 meses una serie de medidas que cambiaron la escena de una manera quizás inimaginable antes de las elecciones en las que hace también un año fue reelegida la jefa de Estado. No sólo se han ido incrementando los controles cambiarios, sino que también se adoptaron cambios profundos, como la expropiación del 51% de YPF, el decreto regulador del sector de hidrocarburos, la modificación de la carta orgánica del Banco Central y ahora el proyecto de reforma del mercado de capitales y la nueva ley de accidentes de trabajo.
Los analistas consultados no creen que todas estas medidas supongan un cambio en la política económica, sino una continuidad. Algunos consideran que han sido la reacción del Gobierno a un empeoramiento del contexto internacional y también del escenario local por errores y omisiones propias. Está claro que al cabo de un año, para bien o para mal, el Estado se encuentra más presente en la economía. Más de un economista advierte que el modelo de superávit fiscal, abundancia de dólares, tipo de cambio competitivo y crecimiento económico a tasas chinas, cercanas al 9%, se acabó.
Se pasó de un tipo de cambio que variaba según las evoluciones del real y la soja, con intervenciones del Banco Central para acumular reservas en un mercado único y libre, a una multiplicación de tipos de cambios y mercados (se amplió la brecha entre el oficial, el blue y el contado con liqui), en medio de crecientes restricciones. El 28 de octubre de 2011, cinco días después de las elecciones se anunciaba que sólo iban a poder comprar dólares los ciudadanos que tuviesen declarados sus ingresos.
Pero en mayo quedó de hecho bloqueada la adquisición de divisas para atesoramiento u operaciones inmobiliarias. También fueron aumentando las restricciones para los que viajan al exterior: primero les impidieron sacar dinero por cajeros automáticos, después les aplicaron cupos para hacerse de moneda extranjera y finalmente, les han impuesto un recargo tributario del 15% a las compras con tarjeta de crédito, que sólo pueden desgravar aquellos que pagan Ganancias o Bienes Personales. Ese 15% rige también para el comercio electrónico de bienes y servicios del exterior.
La escasez de dólares se percibió en 2011 por la entonces reducción del superávit comercial, el creciente giro de utilidades al exterior de multinacionales a sus casas matrices y sobre todo la salida de capitales, que incluía a los ahorristas que compraban dólares y no los dejaban en el sistema financiero, ante la expectativa de una eventual devaluación del peso después de los comicios. Una expectativa sustentada en el hecho de que la inflación local había encarecido los bienes y servicios en términos de dólares, cuyo valor venía creciendo en los últimos años menos que los precios en general.
Para cuidar las divisas devenidas escasas, las autoridades aumentaron las exigencias para que los exportadores las liquidaran en el país, generalizaron en febrero los controles a las compras de bienes del exterior con las declaraciones juradas anticipadas de importaciones (DJAI), crearon también las declaraciones juradas anticipadas de servicios (DJAS) para los que se contratan en el extranjero, prohibieron que los bancos foráneos remitieran ganancias este año y desde fines de 2011 vienen presionando a las multinacionales de los otros sectores para que tampoco giren beneficios (como fue el caso de Repsol, cinco meses antes de la expropiación de su 51% en YPF), y bloquearon la ventanilla para que provincias como Chaco o Formosa compraran dólares para pagar deudas.
Los controles cambiarios, incluidos los de importaciones, afectaron la producción de algunos bienes que necesitan insumos o maquinaria importada, pero también alentó la sustitución de productos foráneos, a veces con aumentos de precios incluidos. También hundieron las operaciones inmobiliarias en un mercado que se pesifica cada día más. La construcción cayó y también la cantidad de obreros ocupados. Fue retirado el 45% de los depósitos en dólares del sector privado, mientras que subieron los plazos fijos en pesos.
Ante el creciente déficit comercial energético, el Gobierno nacionalizó en abril YPF y decretó que las principales variables del sector de hidrocarburos iban a ser determinadas por el Estado. Lo mismo sucedió con el mercado eléctrico, aunque ni en uno ni en otro caso se materializaron aún los efectos de estos cambios regulatorios. La escasez de dólares no sólo podía complicar las importaciones de insumos necesarios para la industria nacional, como dijo el viceministro de Economía, Axel Kicillof, sino que también podía perjudicar el pago de la deuda externa, que en forma creciente se cumple con reservas del Banco Central ante la pérdida del superávit fiscal en un año de alto crecimiento como 2011.
A fines del año último, en un intento por recomponer las cuentas públicas, se redujeron los subsidios al subte y al consumo de gas y electricidad en hogares de barrios acomodados de Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Esa reducción iba a continuar, pero se detuvo quizá porque una política fiscal contractiva hubiese profundizado la fuerte desaceleración económica.
Para asegurarse más financiamiento del Banco Central al Tesoro, el Congreso modificó la carta orgánica de la autoridad monetaria. Los defensores de esta reforma destacan que el Banco Central ya no tiene como meta sólo el combate de la inflación, como es el modelo europeo, sino también la lucha contra el desempleo, como es el paradigma norteamericano. Los cambios permitieron que el Central obligara a los bancos a prestar el 5% de sus depósitos del sector privado para la inversión. Reservas mediante, en agosto se terminó de pagar el Boden 2012, el principal bono heredero del corralón de 2002, con lo que la Presidenta celebró el desendeudamiento a niveles históricamente bajos y la consiguiente mayor autonomía del país para tomar decisiones económicas.
Este año también se lanzó el plan Procrear de créditos hipotecarios, que está en marcha, aunque sólo en 2013 se notará el impacto en cuanto a la construcción de viviendas. En diciembre último se aprobó la ley antiterrorista contra el lavado de dinero, en medio de críticas por la presunta criminalización de la protesta social. Este lunes, Cristina Kirchner propuso elevar la regulación del mercado bursátil, al tiempo que se buscará ampliar la cantidad de jugadores que en él se desempeñan. El Gobierno alega que otra vez el modelo es EE.UU., pero algunos opositores temen que el regulador se guíe con criterios arbitrarios. Las aseguradoras, que a fines de 2011 debieron repatriar sus inversiones en el exterior, ahora tendrán que prestar para proyectos productivos y de infraestructura. Además, con el apoyo del empresariado y el rechazo de la CGT y la CTA opositoras, este miércoles se bloqueó por ley la posibilidad de litigar contra las empresas en caso de accidente laboral.
“Fueron 12 meses en los que se manifestó la desarticulación de la política económica del tipo de cambio competitivo con superávits gemelos (fiscal y de cuenta corriente, que incluye la balanza comercial de bienes y servicios, el giro de utilidades al exterior y el pago de intereses de la deuda externa), y la necesidad de tomar decisiones que le permitieran al Gobierno sobrevivir, sin resolver los problemas”, opina el diputado y economista Claudio Lozano (Frente Amplio Progresista-Capital).
“Desde 2007 y sobre todo ahora hay un retraso cambiario por la alteración de los precios relativos de la economía, el déficit fiscal y la cuenta en dólares que está en cero. Entonces aparecen medidas para resolver todo eso. La reforma de la carta orgánica del Banco Central, más allá de lo declamativo, buscó la mayor asistencia al Tesoro. Todas las restricciones de importaciones, turismo y otras al dólar son porque en 2011 la cuenta en dólares acabó en cero, Cumplieron su objetivo de elevar la cantidad de dólares, pero afectaron la actividad”, sostiene Lozano.
Enrique Déntice, profesor de la Universidad de San Martín, considera que se adoptaron medidas “proactivas que buscan generar producción, empleo y asistencia social”. De todos modos advierte que los resultados sólo se verán en el segundo trimestre de 2013, cuando comiencen, por ejemplo, las obras de infraestructura que se financiarán con reservas. También lamenta que las políticas de los últimos 12 meses redujeron la inversión privada porque no hay certidumbre sobre cuál será la próxima medida.
Las dudas sobre lo que vendrá
A fines del año último se lo veía al economista Eduardo Levy Yeyati, profesor de las universidades de Buenos Aires y Torcuato Di Tella, como habitué de debates con colegas kirchneristas y hasta se especulaba con su incorporación al Gobierno. Él lo negaba. Ahora considera que ha habido una “sucesión de diagnósticos y medidas equivocadas”.
“Cuando te sobra el dinero, lo repartís y construís poder político, pero cuando se acaba creás las retenciones móviles, nacionalizás las AFJP. Cuando estos stocks se acaban, intervenís más agresivamente en el sector privado”, añade el también consultor de la firma Elypsis.
Otro cambio que nota es que el ex presidente Néstor Kirchner escuchaba distintas voces y él las coordinaba, pero ahora la jefa de Estado se ha decantado por una visión de “planificación centralizada” de la economía. Pesan más el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, en detrimento del vicepresidente, Amado Boudou.
El economista Nicolás Dujovne observa que en estos 12 meses, “el Gobierno siguió haciendo lo que sabe hacer, pero se le fueron agotando los colchones que usaba”. “El Gobierno nunca creyó en el sistema de precios como asignador de productos y por eso puso cupos, desde la exportación de carne hace años hasta la compra de dólares para viajes. Se busca emparchar el agotamiento del superávit fiscal y del tipo de cambio competitivo, pero en vez de recuperarlos se apropia de recursos y aparecen los costos. Donde sí hubo un cambio en lo dogmático es en la regulación de los hidrocarburos. Aquí el Estado fijará márgenes de ganancia, ya no en busca de caja, sino como filosofía”, dice Dujovne.
Matías Tombolini, profesor de la UBA, recuerda que Kicillof criticó los últimos años de política energética en una alocución al lado del que fue su responsable, el ministro de Planificación, Julio De Vido. “Con la intención de recuperar la soberanía energética, el Gobierno fue proactivo, pero en general las medidas fueron reactivas ante el contexto internacional, la escasez de divisas y la inflación”, refiere. En vez de restringir el acceso al dólar, el Gobierno podría haber devaluado, pero eso habría recalentado más los precios. “Es cierto que Kicillof no es De Vido ni Boudou, pero sigue a Moreno, que prefiere un Estado que controla más de lo que coordina. La duda es qué hará el Gobierno con la inflación. ¿La Argentina se encamina a ser más productiva? ¿Aprovechará el boom de las materias primas para producir más bienes industrializados? Hoy no están las condiciones para que esto suceda, pero el cambio de matriz energética era necesario”, dice Tombolini.
EN CIFRAS
12%
Cotización en alza
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Aparentemente inconexos
Dos símbolos de poder en extinción
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Por Alejandro Rebossio | LA NACION
