Luego de varios meses de discusión por el cobro de las regalías a las semillas de soja con tecnología Monsanto, que llevaron la relación al extremo, el gobierno nacional y la multinacional estadounidense esperan sellar un acuerdo definitivo la semana que viene.
Según consigna El Cronista, de acuerdo a información difundida por la agencia Bloomberg, una resolución redactada por la comisión de semillas del gobierno conjuntamente con los asesores legales del productor de semillas con sede en Saint Louis (Estados Unidos), será enviada el martes para su aprobación al Instituto Nacional de Semillas (Inase).
La información indica que, una vez aprobada, se la promulgará, confiaron funcionarios del Gobierno, que pidieron reserva del nombre porque el acuerdo aún no fue anunciado.
Por el acuerdo alcanzado en las últimas semanas, será justamente el Inase, el organismo encargado de controlar y supervisar la detección de cultivos producidos a partir de las semillas de soja genéticamente modificadas.
El Inase delegará en varias Bolsas de Cereales la realización de los análisis porque carece de los recursos necesarios para financiar los laboratorios”, manifestaron los funcionarios.
Instituciones, como la Bolsa de Cereales de Rosario, estarán autorizadas a buscar financiamiento privado, ya que se necesitarían unas seis millones de revisiones de muestras para analizar el origen de la cosecha de soja de esta campaña, que, según los pronósticos, llegará a los 56 millones de toneladas, de acuerdo con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
El mecanismo implica que el Inase se ponga en contacto con los agricultores cuyas semillas de soja den positivo en las pruebas.
En el caso de que los agricultores cuestionen los resultados de las pruebas, podrá utilizarse un análisis que dará la secuencia de ADN de la semilla.
El conflicto se pronunció a mediados de abril luego de que el Ministerio de Agroindustria, a cargo de Ricardo Buryaile, confirmara la decisión de que los sistemas de controles de los granos deben estar autorizados por el Estado, y dejara sin efecto el cobro de regalías a los productores.
Luego el CEO de la multinacional, Brett Begemann, reaccionó y destacó en un comunicado que “a pesar de que el gobierno argentino reconoció que estaba comprometido a apoyar un entorno propicio para la inversión y el desarrollo a largo plazo, a través del reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual, las recientes acciones no son coherentes con esa posición”.
Por esta decisión, Monsanto decidió no vender nuevas tecnologías en el país, por lo menos hasta la segunda mitad del año.
La compañía multinacional da empleo en forma directa, en el país a unas 1000 personas y a entre 3000 y 4000, de manera indirecta.
