Columna de opinión de la Sociedad Rural de Río Cuarto publicada en el suplemento Tranquera Abierta de diario Puntal.
Desde hace años la Argentina viene sufriendo un constante deterioro de sus indicadores económicos y sociales, con creciente índice de pobreza y desempleo, con lo cual se hace necesaria la presencia del Estado para asistir a los sectores más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, la “eternización” de los planes sociales y la ausencia de políticas para generar empleo van erosionando la “cultura del trabajo”.
Esto lleva a situaciones paradójicas: en un país con carencia de oferta laboral parece ilógico que las economías regionales ofrezcan trabajo y no consigan interesados para levantar las cosechas por el temor de perder los planes sociales si pasan a tener un empleo registrado.
Un caso insólito fue el que se dio el año pasado en Chilecito, La Rioja, donde el gobierno municipal abrió una bolsa de trabajo para reunir a 3.000 personas que levanten la cosecha de uva y aceitunas, pero sólo fueron tres personas a consultar y ninguna se inscribió, pese a que el intendente aseguró recibir “cien personas por día buscando trabajo”.
El secretario de la Uatre de esa jurisdicción argumentó que cuando los trabajadores son contratados en blanco pierden los subsidios o los planes que reciben del Gobierno y “en La Rioja tenemos una gran cantidad de planes sociales”.
Este año la situación se generalizó en distintos puntos del país. Según datos oficiales, las economías regionales emplean, en forma directa y temporaria, alrededor de 625.000 personas en todo el país.
Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) se sostiene que la falta de trabajo podría al menos aliviarse si se permitiera a los beneficiarios de planes sociales ser contratados para tareas temporarias y estacionales.
Los “parches” con los que se fue remendando la maltrecha economía argentina impactan de distinta manera en el mercado laboral como lo es también el caso del impuesto a las Ganancias, que generó otro caso insólito: durante el fin de semana largo de carnaval, una reconocida empresa automotriz japonesa que fabrica vehículos en el país no pudo mantener su nivel de productividad ante el rechazo de los empleados a sumar horas extras por el impacto que tiene el plus salarial en ese tributo.
Con una inflación galopante y falta de actualización, hay un escaso margen entre un salario al límite de la línea de pobreza y el mínimo no imponible para Ganancias. Ahora el Congreso apura una ley para subir ese piso, pero si no se implementa un sistema de corrección automática se corre el riesgo de que en pocos meses se vuelva a presentar el mismo problema.
Con la ausencia de programas de capacitación y el cierre progresivo de escuelas técnicas y de oficios también es complicado conseguir mano de obra en diversas actividades, como en la industria de la maquinaria agrícola, no sólo de personal calificado sino de trabajos simples y comunes.
Cuando no hay un plan económico y se aplican “parches”, que pueden atenuar un problema pero no son la solución, se suceden los problemas que impactan en el mundo laboral.
Según datos oficiales, en el 2008 había 12,7 millones de personas que recibían beneficios del Estado y con el golpe económico que generó la pandemia ahora 6 de cada 10 argentinos tiene esa asistencia.
Ese fuerte asistencialismo es el que erosiona la cultura de trabajo. Y peligrosamente se pasa de la dignificación del empleo a buscar un plan que entrega dinero sin esfuerzo.
