Columna de opinión de la Sociedad Rural de Río Cuarto publicada en el suplemento Tranquera Abierta de diario Puntal.
La decisión del Gobierno de Córdoba de crear el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) genera una fuerte resistencia en la Federación de Bomberos de la Provincia, que cuestiona la superposición de funciones, duda de la efectividad que tendrá este equipo, teme por un desfinanciamiento de sus cuarteles y sostiene que “aumenta desmedida e innecesariamente la estructura del Estado y el gasto público”.
Toda acción conducente a prevenir o mitigar los efectos de las catástrofes es saludable aunque debe formar parte de un plan integral sustentable, consensuado, con la participación de todos los actores sociales: los propios Bomberos, las entidades intermedias y también los representantes de los productores, que sufrieron el año pasado los peores incendios de campos de la historia.
En momentos de delicada situación económica y social se entiende que lo ideal sería aprovechar la estructura ya disponible, incorporar tecnología para la prevención (mapeos y monitoreo satelital) y ofrecer una mayor capacitación a los servidores públicos, quizás sin la necesidad de conformar una brigada paralela que insumirá recursos extraordinarios.
Desde la Federación se cuestionan numerosos ejes. Por ejemplo, en el aspecto jurídico expresa que “superpone funciones enmarcadas en la Ley Nacional 25054 y las Leyes Provinciales 8058 y 8751 (Manejo del Fuego), generando una estructura paralela”. Y advierte que “promueve el desmembramiento de las instituciones de la sociedad civil, como la de Bomberos Voluntarios”.
En el terreno económico los números presentados por la Federación parecen contundentes: en becas a bomberos en zona de riesgo se destinan unos 88 millones de pesos anuales mientras que para el ETAC prevén una inversión anual de 287 millones; los 184 cuarteles reciben para su funcionamiento 171 millones de pesos y para las cinco bases que contempla la brigada especial los recursos llegarían a 441 millones. Y para equipamiento las cifras van de 30 millones para los cuarteles a 290 millones para las bases de esta nueva fuerza. Esto, según el juicio de la Federación.
En numerosas oportunidades los fondos para los cuarteles no alcanzan para cubrir los gastos fijos y se deben apelar a la solidaridad de la población para su funcionamiento, llegando al límite de cocinar y vender platos a la sociedad para solventar sus escuálidas arcas.
En el eje técnico-operativo, la Federación argumenta que se “desconoce la fuerza operativa, la capacidad instalada en recursos técnicos, materiales y profesionales del sistema de Bomberos provincial”.
La Sociedad Rural de Río Cuarto no está ajena a esta problemática, toda vez que los incendios provocan estragos ambientales y productivos. Después de los siniestros en nuestras Sierras del Sur, con miles de hectáreas quemadas, no se conocen acciones de prevención, como por ejemplo habilitar los cortafuegos (con la debida supervisión de autoridades, Bomberos y la capacitación de los productores) o planificar con aviones privados tareas de lucha contra el fuego, que podrían haber mitigado aquellos devastadores efectos.
Por las características del proyecto (finalmente convertido el jueves en decreto), duramente cuestionado por la Federación, y la millonaria erogación que supone crear esta brigada especial, es necesario un debate profundo con todos los actores sociales, para buscar consensos y acciones coordinadas, defendiendo siempre el loable trabajo de los Bomberos, una de las instituciones más reconocidas y queridas por la sociedad.
