Columna de opinión de la Sociedad Rural de Río Cuarto publicada en el suplemento Tranquera Abierta de diario Puntal.
En tiempos de pandemia y recesión, los países más avanzados volcaron sus esfuerzos en brindar incentivos a los sectores productivos para reflotar la economía. Lejos de esta lógica, en Argentina el Gobierno redobla la presión fiscal, desalentando las inversiones y acelerando el impuesto más nocivo para toda sociedad: la inflación.
No todos los males del país son producto de la pandemia. Los niveles de actividad económica y de ingreso per cápita vienen deteriorándose desde muchos años antes, lo que se refleja en el aumento progresivo y peligroso de los índices de desempleo, pobreza e indigencia, sumado a la falta de confianza, y la pérdida de calidad institucional y transparencia.
En el peor año económico a nivel mundial, el Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina se contrajo un 9,9 por ciento. Pero nada se hizo para contrarrestar esa estadística alarmante; por el contrario, la administración del presidente Alberto Fernández creó o subió en ese período 16 nuevos impuestos, que en todos los casos rozan a la producción.
En ese marco se inscriben, entre otros, el aumento de los derechos de exportación (retenciones), el impuesto a la riqueza, cambios en Ganancias que en todos los casos asfixian a las empresas, la suba de las alícuotas de Bienes Personales, tributo sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias, IVA sobre productos de la canasta básica de alimentos, más costos laborales y percepción del 35% sobre compra de dólares.
Todas estas medidas destruyen la confianza y desalientan las inversiones, porque constantemente se cambian las reglas de juego y la voracidad fiscal lleva a una exacción de la escasa rentabilidad que le quedan a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas.
Además, el flagelo de la inflación –que no conoce aún un plan serio para contenerla- ensombrece el horizonte y despoja a la economía de previsibilidad. En el presupuesto 2021, el Gobierno proyectó un alza del costo de vida del 29 por ciento, cuando los analistas privados consideran que superará el 50% a juzgar por los índices de los primeros meses del año.
La situación es más grave aún si se tiene en cuenta la política de “planchar” el tipo de cambio y congelar tarifas durante varios meses, con lo cual todo el peso recae en los alimentos, rubro que registra mayores incrementos que el resto.
Y lo termina pagando la gente, cuyo ingreso per cápita en el 2020 se derrumbó entre 15,4 y 46 por ciento, según se tome como base el tipo de cambio oficial o el dólar libre.
Pese a la falta de incentivos, de reglas claras y un constante acoso desde las esferas oficiales, el campo vuelve a ser el mejor “socio” del Gobierno: se prevé que gracias a la actual campaña agrícola la recaudación fiscal crezca un 26% para alcanzar los 13.500 millones de dólares, de los cuales 7.641 millones son en concepto de retenciones.
Asimismo se demostró que el campo no sabe de especulación financiera y reinvierte en su lugar de origen, lo cual queda demostrado con el récord de venta de maquinarias en el 2020, en plena pandemia.
Pero no siempre los precios internacionales van a traer ese viento de cola. Hay que aprovecharlo y generar políticas de largo plazo, porque hay numerosos sectores que están desesperados, como lo refleja el relevamiento del Grupo Set: el 80% de los empresarios pymes aseguró que no volvería a invertir en un negocio en Argentina. Precisamente por esa voracidad fiscal, los costos laborales y la burocracia estatal.
