Columna de opinión de la Sociedad Rural de Río Cuarto publicada en el suplemento Tranquera Abierta de diario Puntal.
En un período legislativo marcado por la pandemia, la emergencia sanitaria y las sesiones virtuales, el Congreso es funcional a las necesidades de caja del Gobierno, con la creación o ampliación de nuevos tributos, y a sus proyectos de impacto político, aunque se aleja de las prioridades que tienen los ciudadanos en general y los sectores productivos en particular.
En ese sentido, la agenda agropecuaria avanzó a cuentagotas y hay varias iniciativas que requieren de inmediatez en la ejecución para otorgar un horizonte de previsibilidad y seguridad en las actividades del sector, como por ejemplo la prórroga de la Ley de Biocombustibles, que vence el 12 de mayo, y la promocionada pero nunca debatida figura de “vandalismo rural” para castigar con mayores penas los delitos en los campos.
En cuanto a los delitos rurales, el Estado debe dar respuestas, y la policía y la Justicia tener herramientas con respaldo legal para actuar decididamente y resguardar la propiedad privada. Sin embargo, se observa cuanto menos una inacción desde la esfera nacional y, lo que es más grave, se viralizaron videos de grupos militantes con claro sesgo anti-campo alentando este tipo de vandalismo.
Los hechos se multiplicaron en todo el país y ya no es sólo el abigeato lo que sufren los productores, sino que hay una escalada de ataques a silobolsas con el único objetivo de causar daño, usurpaciones e incendios intencionales. El año pasado se contabilizó la rotura de más de 130 silobolsas, con unas 12.500 toneladas de granos afectados, como así también robos de maquinaria e implementos agrícolas, de granos y de agroquímicos.
La ausencia de leyes más severas permitió que en pandemia, con múltiples restricciones para el grueso de la ciudadanía y con cuarentena estricta durante largo tiempo, los delincuentes se pasearan impunemente, sin que se adviertan mayores detenciones y mucho menos sentencias.
La Patrulla Rural
Para frenar la ola delictiva se necesita un trabajo coordinado entre todos los actores. Por ejemplo, en el ámbito de la Sociedad Rural de Río Cuarto funciona la Patrulla Rural que opera en permanente contacto con los productores y cuya presencia, tarea de control y prevención se ve reflejada en una notable disminución del vandalismo.
Entonces en gran medida el delito se ha corrido hacia zonas que están fuera del radio de acción de estas patrullas.
Se debe admitir también que, por falta de reglas de juego claras o de rentabilidad, se desmantelaron muchos planteos ganaderos, que necesitan de una actividad permanente de personal en el campo y fomentan el arraigo y la ruralidad. Al pasar a una producción netamente agrícola o bien arrendar los establecimientos, disminuye notoriamente la presencia y crece el estado de abandono.
En el Congreso, además del proyecto impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para crear la figura de “vandalismo rural”, hay otra decena de iniciativas similares para castigar severamente estos delitos y, a más de un año de su presentación, aún se espera que al menos haya un despacho de comisión.
Más allá de las características y la tipificación de los hechos de inseguridad, se debe entender y tener en cuenta que cada ataque actúa como un efecto búmeran: no sólo ocasiona un daño determinado a un productor sino a toda la sociedad, porque son alimentos que no van a la mesa de los argentinos y son divisas que pierde el país.
