Columna de opinión de la Sociedad Rural de Río Cuarto publicada en el suplemento Tranquera Abierta de diario Puntal.
La movilización del 9 de Julio realizada en San Nicolás trascendió la convocatoria efectuada por un grupo de productores para transformarse rápidamente en una manifestación multisectorial ya que se fueron sumando representantes de diversas actividades seriamente castigadas por las restricciones durante la pandemia.
El acto, del que participó una delegación de la Sociedad Rural de Río Cuarto, concluyó con una proclama que contiene 8 puntos, en un abanico de reclamos que abarca a diversos sectores productivos y sociales.
De hecho, en el documento sólo un punto se refiere a la actividad agropecuaria: eliminar toda prohibición o cupo a las exportaciones, terminar con el desdoblamiento cambiario y un plan de reducción progresiva de las retenciones hasta su total eliminación.
Por experiencias anteriores se sabe que el cepo a las exportaciones de carne genera un daño productivo irreversible: caída del stock bovino, ganaderos que dejan la actividad, pérdida de credibilidad en los mercados internacionales, cierre de frigoríficos y miles de desempleos.
En cuanto a la doble imposición retenciones-brecha cambiaria, sólo basta graficar con el precio de la soja. En el mercado de referencia de Chicago está a 520 dólares la tonelada, pero deducido el 33% de retenciones y a un valor de divisa oficial, el productor recibe 32.300 pesos. Pero si ese productor quiere convertir esos pesos en dólares, debe pagar el valor del mercado, en el orden de los 168 pesos, con lo cual recibirá un neto de US$ 192. Es decir, 328 menos que lo fijado en pizarra. Entonces, en muchos casos, esa renta sólo alcanza para cubrir gastos y costos productivos.
En otros puntos de la proclama se pide el pleno cumplimiento de la Constitución, respeto del derecho a la propiedad, menor presión impositiva y actualización de las leyes laborales, reconocimiento económico al personal de la salud y reducción del gasto público y en especial el gasto de la política, cuya dirigencia parece cada vez más comprometida con las próximas elecciones y cada vez más alejada de la gente.
De la movilización también participaron representantes del comercio, la industria, gastronómicos y otros rubros para quienes se pide que el Estado los compense por haber tenido que mermar o sacrificar sus actividades productivas, lo cual se refleja en las 23 mil empresas que cerraron y los 235 mil empleos que se perdieron al cumplirse un año de pandemia, según datos oficiales de la Afip, que sin dudas a esta altura han subido exponencialmente.
También hicieron oír su voz alumnos, padres y docentes, con la convicción de que “la escuela es lo primero que tiene que abrirse y lo último en cerrarse”. Después de un año sin clases, las consecuencias son alarmantes: el propio ministro de Educación, Nicolás Trotta, admitió que cerca de un millón de estudiantes perdieron vínculo con la escuela en el 2020, con el consecuente daño educativo, social y psicológico.
Son planteos concretos y por demás lógicos. Aunque raya con lo irreal tener que recordar estos derechos cuando en todo país con respeto a las leyes e instituciones y con libertad de comercio esos postulados son la base para el progreso y el bienestar de su sociedad.
