El proyecto oficial obtuvo media sanción con el apoyo de casi todos los bloques.
La Cámara de Diputados aprobó ayer y giró al Senado el proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo, que propone reducir los impuestos internos al biodiésel hasta el 10 de diciembre de 2015, cuando concluirá el mandato de Cristina Kirchner. La iniciativa, que prevé modificar el impuesto adicional al gasoil (ley 26.028) para eliminar la alícuota del 22% para el biodiésel destinado a la generación de energía eléctrica, así como la tasa del 19% aplicable a los combustibles líquidos, fue aprobada con 217 votos a favor, cuatro en contra y ocho abstenciones.
En la votación en general, al respaldo del oficialismo se sumó el de casi toda la oposición: la UCR, Pro, el FAP, el Frente Renovador y otras versiones del peronismo opositor. Sólo votó en contra el Frente de Izquierda (FIT) y Alcira Argumedo. Se abstuvieron los diputados de la Coalición Cívica, de Elisa Carrió; Unidad Popular, de Claudio Lozano, y Suma +, de Martín Lousteau.
Miembro informante del oficialismo, Roberto Feletti defendió el proyecto presidencial y sostuvo que la iniciativa se inscribe en una estrategia del Gobierno para «consolidar una matriz energética que tienda a reducir el uso de divisas para el abastecimiento energético».
La Presidenta anunció la medida como respuesta a la decisión de la Unión Europea de elevar los aranceles a la exportación de biodiésel proveniente de la Argentina, con el argumento de que el precio era artificialmente bajo. Por ese motivo, el país presentó una demanda ante la Organización Mundial de Comercio.
Con la reducción de impuestos internos se pretende fomentar la producción de biocombustibles, afectada por la medida de la UE, mantener las fuentes de trabajo del sector y propiciar el uso de biodiésel en distintas actividades. Eso permitiría, de acuerdo con los fundamentos del kirchnerismo, reducir la importación de gasoil. Para eso se establece la exención impositiva hasta el 10 de diciembre de 2015 y, a partir de esa fecha, se faculta al Poder Ejecutivo hasta 2024 para prorrogar la medida.
«Ésta es una medida reparadora que la industria va a recibir muy bien», resumió el sindicalista del gremio petrolero y representante del massismo, Alberto Roberti. «Va a servir como complemento para que los 2000 trabajadores puedan seguir empleados», agregó.
Desde el FAP, Juan Carlos Zabalza dio su respaldo al proyecto, pero también manifestó objeciones. «Lo aceptamos porque creemos que es necesario para la existencia de un sector que ha sido ejemplo de capacidad emprendedora y competitividad. Pero no es suficiente para revertir la situación que está atravesando el sector», dijo, para justificar el voto en contra de algunos artículos.
Lo mismo hizo Federico Pinedo, jefe de bloque de Pro. «El gobierno nacional creó una maraña de ilegalidades morenísticas que destruyó la industria del biodiésel», y «ahora buscan frenar el desastre productivo, pero solamente hasta el fin de su mandato», dijo. Y coincidió con el argumento de otros partidos en la necesidad de «fijar reglas claras y previsibles para que todos los que quieran producir lo hagan en igualdad de condiciones y terminar con este sistema completamente arbitrario e inconstitucional».
Un punto de vista diferente planteó Lozano, que corrió al Gobierno por izquierda: «No acompañamos este proyecto, ya que implica un subsidio de más de 2000 millones de pesos a las grandes empresas aceiteras que controlan el 70 por ciento de la producción y la exportación de biodiésel.»
La cesión de facultades propias del Congreso, como la de fijar alícuotas, fue otra de las razones esgrimidas por los bloques que optaron por la abstención. «Esto es inconstitucional. La facultad pertenece al Poder Legislativo», protestó Carrió.
Por Gabriel Sued | LA NACION