La SOCIEDAD RURAL DE RIO CUARTO y el CENTRO EMPRESARIO COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS consideran necesario expresar su pensamiento en forma conjunta sobre la situación del quehacer productivo privado de bienes y servicios, en nuestro país, ante los difíciles momentos que vive la República.
Como consideración inicial, creemos conveniente resaltar que ambas entidades congregan a ciudadanos comprometidos con la vida institucional del país, que tenemos un proyecto de vida que se desarrolla en el mismo, que queremos no sólo desarrollo económico, sino también desarrollo humano y social. En ese sentido, entendemos que se debe ver al ciudadano no únicamente como un ser que tiene necesidades de consumo, sino también otras, como ser la salud, la educación, la seguridad y la justicia que debe brindar el Estado.
Que creemos en un Estado presente no sólo para brindar los servicios enunciados, sino también para ejercer una actividad reguladora sobre distintas actividades que conduzcan al bienestar general. Sobre este particular, consideramos esencial la presencia de un Estado Nacional orientador, que planifique y organice, que brinde seguridad jurídica, que promueva la actividad económica asignando un rol primordial a la iniciativa privada, y que cuente con políticas de corto, mediano y largo plazo, que brinden un horizonte claro para el desenvolvimiento de los distintos actores económicos, generando previsibilidad y confianza.
Lo que no queremos es un Estado en el cual, a pesar de una excesiva presión fiscal -que genera asfixia a la actividad privada- tenga un déficit creciente que, a su vez, provoque desfinanciamiento y contribuya, junto a otras causas, a generar una inflación alarmante que desata comportamientos que perjudican a la mayoría de los ciudadanos.
Este Estado, que es conducido de una manera que no compartimos, se caracteriza, además, por tratar de atenuar u ocultar las consecuencias de los problemas sin prevenir o remediar las causas que los originan, como sería propio de una buena administración.
Una clara demostración de esto último es el conjunto de proyectos de ley enviados al Congreso, pomposamente denominados como de «protección de los derechos de los consumidores y usuarios» y principalmente el que -según la iniciativa legislativa- procura una nueva «regulación de las relaciones de Producción y Consumo», vulgarmente conocido como Nueva Ley de Abastecimiento.
Este proyecto viene a darle -entendemos- un golpe de gracia a las posibilidades de revertir el creciente deterioro de la situación socio- económica, la cual está caracterizada por una permanente prédica en torno a que las distintas actividades productivas de carácter privado son las responsables de lo negativo que está ocurriendo en nuestro país, incluyendo dentro de esa consideración tanto a empresas, como a emprendedores y/o autónomos.
Quienes queremos contribuir a un círculo virtuoso en nuestra economía, nos encontramos, una vez más, con que se proponen o tomar medidas que van exactamente en sentido contrario, motivo por el cual debemos preguntarnos quién va a invertir, producir y generar empleo en nuestro país, cuando el Estado quiere reservar para sí la facultad de decidir, a través de sus funcionarios, aspectos básicos que hacen a la vida de cualquier actividad productiva, como lo son:
– El definir precios y márgenes de utilidad.
– Decomisar mercaderías y productos.
– Definir cuánto debe producir una empresa y a qué precio.
– Exigir información comercial, estratégica y operativa en cualquier momento.
– Cancelar concesiones, beneficios fiscales y crediticios sin razón específica alguna.
– Asegurar la provisión de bienes y servicios esenciales.
– Sancionar a empresas cuando «formaren existencias superiores a las necesarias».
Dicho esto, cabe preguntarse:
¿Cuál es el análisis que alguien puede hacer si tiene intenciones de invertir?
¿Cuál es el margen razonable y no abusivo para la consideración de un funcionario político?
¿Qué se considera como «apropiación indebida de la renta»?
¿Cómo se mide una utilidad «razonable»?
¿Cómo van a determinarse los precios?
¿Cuál es el nivel de stock que debe mantenerse para no ser acusado de «formar existencias superiores a las necesarias»?
Creemos que, en definitiva, sólo se trata de un artilugio que permitiría formalizar legalmente los mecanismos de intervención lisa y llana que lleva adelante el Gobierno, como el cierre o limitación por cupo de las exportaciones, o la orientación de operaciones, de acuerdo con el particular interés del Poder Ejecutivo. Mecanismos estos que no sólo perjudicaron fuertemente a las economías regionales en los últimos años, sino que además fueron aplicados sin éxito alguno en distintos momentos de nuestra historia. Por el contrario, sólo lograron hacer caer la producción y provocar una gran pérdida en el ingreso de divisas y en la generación de empleo genuino.
Es por eso que definimos de mutuo acuerdo dejar en claro que si este proyecto prospera en el Congreso de la Nación, nos reservamos el derecho de recurrir a la instancia judicial, por entender que se están vulnerando intereses y derechos consignados en la Constitución Nacional.
Como conclusión, podemos afirmar que se quiere profundizar el modelo consumista, sin tener en cuenta que también debe existir un adecuado modelo productivo. De continuarse con esta lógica, la ciudadanía pasará de discutir si estamos en presencia de una década ganada o una década perdida a discutir sobre la gravedad de la herencia que se está dejando.
Río Cuarto, Septiembre de 2014
Firman el documento:
Horacio Pinasco, Presidente del CECIS
Eduardo Bagnis, Presidente de la SRRC