Rodolfo Rossi, Matías Ferreccio, Luis Arias y Alberto Morelli. Las entidades de productores por cultivos intentan que los legisladores voten en contra de la norma; les entregaron un documento en el que señalan su impacto negativo.
«Señores, voten en contra de la nueva ley de abastecimiento», fue el pedido, casi desesperado, que les hicieron los representantes de las cadenas de valor de los principales cultivos del país a los diputados de la Nación, que hoy podrían convertir en ley el proyecto del oficialismo.
Ayer, los integrantes de las cadenas de valor, que reúnen a productores, industriales y exportadores, fueron al Congreso y repartieron a todos los diputados, sean del partido gobernante o de la oposición, un documento en el que les pidieron «que respeten la Constitución y que se abstengan de avanzar con este proyecto», según dijo después Luis Arias, presidente de la Asociación Argentina del Girasol (Asagir).
Arias habló durante una conferencia de prensa realizada en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, acompañado por sus pares de la Asociación Argentina del Trigo (Argentrigo), Matías Ferreccio; de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), Rodolfo Rossi, y del vicepresidente de la Asociación de Maíz y Sorgo Argentinos (Maizar), Alberto Morelli.
«Solicitamos a los diputados que rechacen la pretensión del Poder Ejecutivo sobre este proyecto de ley que atenta contra la propiedad privada, la libertad de comercio y la libertad de trabajo, todos principios establecidos en nuestra Constitución, que impactará negativamente sobre la producción y el comercio, con la consecuente caída del empleo y el agravamiento de la situación social», dijo por su parte Rodolfo Rossi.
Las entidades reflejaron en el escrito entregado en el Congreso el análisis que realizaron del proyecto del kirchnerismo desde tres ópticas. La primera es el marco regulatorio, sobre el cual Morelli señaló que la pretensión del Gobierno «convierte en letra muerta dos principios fundamentales establecidos en la Constitución y en la de todas las democracias de Occidente: el derecho a la propiedad privada y a la libertad de comercio».
Como segundo aspecto, se consideró el impacto que tendría sobre las actividades productivas y comerciales, que verían limitadas sus capacidades, «con la consecuente caída del empleo y el agravamiento de la situación social», señaló Arias.
Por último, las entidades consideraron las ideas que se intenta instalar en la sociedad «y una de las más negativas es que el comercio es una actividad que no genera valor, sino que se apropia del valor generado por otros y por ello debe ser limitado y dominado por un funcionario», señaló Ferreccio.
El presidente de Argentrigo señaló que «también es errado pensar que la fijación de precios por parte de un funcionario es más eficiente que la formación de precios en un mercado con transparencia y competencia».
Consultados acerca de la posibilidad de que las cadenas adopten alguna medida de fuerza, los dirigentes se diferenciaron de las entidades gremiales, que sí pueden disponerlas. «Pero ante un avance sobre las libertades, ya sea de producción o comercialización, cada uno de nuestros consejos directivos lo analizará», dijo Arias.
Sobre la posibilidad de presentar en la Justicia la inconstitucionalidad de la norma, el director ejecutivo de Maizar, Martín Fraguío, dijo que no querían adelantar etapas. «Primero esperaremos el resultado de la gestión legislativa», señaló.
Por último, Rossi reconoció que si bien las eventuales confiscaciones por parte del Gobierno son uno de los principales temores del sector, no cree que sean la principal consecuencia directa de la ley, como sí lo será su efecto negativo en la inversión y en puestos de trabajo.
Por Roberto Seifert | LA NACION
Empezaron las protestas de productores rurales
En Bragado, se concentraron en la ruta; en Tucumán, marcharon con camionetas
Por Fabián López | Para LA NACION
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Como en los días del conflicto por la 125, en 2008, los productores agropecuarios comenzaron a protestar. Esta vez el motivo es el proyecto de ley de abastecimiento y las medidas de control sobre los granos que dispuso la AFIP.
En Tucumán, luego de realizar una asamblea en la zona del parque 9 de Julio, cientos de productores marcharon en caravana, en sus camionetas, hacia la plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno de Tucumán, donde solicitaron una audiencia con el gobernador, José Alperovich. Los ruralistas, que la semana pasada habían reclamado el acompañamiento de los legisladores nacionales tucumanos para que no apoyen las medidas promovidas por la gestión de Cristina Kirchner, fueron recibidos cerca del mediodía por el ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Feijóo.
El viernes pasado, la AFIP ratificó la resolución 2750, que exige a las empresas agrícolas declarar de manera georreferenciada la ubicación física de soja en depósitos o silos bolsas. Desde la Sociedad Rural de Tucumán (SRT) entienden que la medida es una herramienta que se sumará a la nueva ley de abastecimiento y que tendría por finalidad concretar «un decomiso de la soja u otros cereales aún en poder de los productores».
«Ésta es una cabal muestra de que es el principio de una nueva escalada contra el campo. Este modelo nos lleva a diario a mayor inflación, escasez y pleno estado de recesión», se quejó la SRT, mediante un comunicado.
Por otra parte, en la localidad bonaerense de Bragado unos 150 productores convocados por Sociedad Rural y la Federación Agraria se concentraron en el kilómetro 210 de la ruta 5 para repartir volantes a los automovilistas que pasaban por la rotonda de acceso a la ciudad.
«Sí a la propiedad privada y a la libertad», decían los volantes que repartieron los productores, según informó el presidente de la Sociedad Rural de Bragado, Jorge Ruprecht.