Para Eduardo Bagnis, presidente de la Sociedad Rural, no es cierto que se busque proteger a los productores con la creación de una Junta Nacional de Granos. Desmintió también que con la 125 se pagarían menos retenciones.
La Sociedad Rural de Río Cuarto expresó esta semana su categórica oposición a la posible creación de una especie de junta nacional de granos, que se podría llamar Instituto Argentino para la Promoción Granaria, y que tendría como finalidad la «defensa de los precios a pagar a los productores» protegiendo a los mismos de las grandes exportadoras, como así lo expresa el gobierno nacional.
Oposición que, se explicó, se basa en el hecho de que ya hubo experiencias que a la postre resultaron nefastas para el productor y además por entender que la única forma de que se puedan defender los precios es transparentando los mismos mediante el libre juego de la oferta y demanda y no interviniendo los mercados con retenciones y cupos de exportación (ROE), como se hace actualmente.
La Rural recuerda que desde 1996 a 2002 y dado fundamentalmente por las relaciones oferta / demanda, stocks, estacionalidad, etcétera, existían variaciones en el precio de los granos que en promedio oscilaban en un 15%. Pero a partir del 2002, donde comienzan las intervenciones del Estado en el comercio de los mismos, con la aplicación de las retenciones, baja el precio que percibe el productor, en el caso de la soja un 35%, del maíz un 20% y del trigo 24%.
Luego, en el año 2008 interviniendo el estado con la implementación de los ROE (registros de exportación), caen nuevamente los precios que percibe el productor en un promedio del 10%, que es la diferencia entre el FAS teórico (precio que pueden pagar la molienda y la exportación) y el precio que se cobra en realidad. Se suma a esto que al cerrar esporádicamente las exportaciones por no otorgar cupos, se beneficia al exportador, que puede a su antojo manejar los precios en un mercado interno sobreofertado, dejando indefenso al productor con una mercadería perecedera.
«Un ejemplo de esto fue el trigo, donde esta situación llevó en las dos campañas anteriores a las menores superficies de siembra de los últimos 100 años», afirma al respecto el presidente de la Rural, Eduardo Bagnis, para deducir que con sus intervenciones, es el Estado el que en verdad perjudica al productor.
Y dice que si a esto ahora se le quiere agregar, «con el fundamento de la defensa del mismo», otro organismo burocrático del Estado, seguramente acarrearía otro costo adicional que tendría que pagar el productor o en su defecto toda la población con más impuesto inflacionario.
«Todo redundaría entonces en un círculo vicioso de más burocracia, más impuestos, más inflación y más controles, con el agravante de ser un incentivo perfecto para la discrecionalidad y la corrupción», puntualizó.
Mencionó además Bagnis que resulta extraño que un gobierno que con sus políticas ha expulsado del sector a miles de productores, hoy en su relato diga que pretende defenderlos con más intervención del Estado «cuando entendemos que mucho más simple y eficaz sería tener reglas de juego claras, eliminar las retenciones, desactivar los ROE, transparentar el tipo de cambio, bajar las tasas de interés , atacar la inflación, que son las que en verdad perjudican seriamente a los sistemas productivos, provocando el quiebre de todas las economías regionales del interior del país, de lo cual él mismo es el responsable, salvo que le quiera echar la culpa a otro, como es su costumbre».
Para la entidad ruralista, a la producción se la ayuda con la solución de los grandes problemas macroeconómicos que hoy sufre el país y no con más intervenciones de un gobierno que «ha demostrado su avidez por el manejo de cajas, para con las mismas comprar voluntades para alinearlas con la causa que siempre -por supuesto- persigue otros fines a los que dicen tener».
Sobre las retenciones
«Continuando con su relato el gobierno pretende convencer a la comunidad, que ahora que bajaron los precios, hubiese sido conveniente para los productores acceder a lo que ellos proponían en 2008 que eran las retenciones móviles (resolución 125) y entonces hoy pagaríamos menos», dijo Bagnis, para añadir que hay que dejar en claro, que desde siempre los productores dijeron: «No a las retenciones. Ni móviles ni fijas. Decimos esto porque constituyen un impuesto regresivo, que produce una importante transferencia de recursos desde el sector, porque paga lo mismo quien siembra menos a el que siembra más o el que está cerca del puerto o más distante, entre otras cosas».
Aclaró también que cuando la soja tuvo su máximo precio FOB histórico, o sea puesto en barco, a fines del tercer trimestre del 2012 a US$ 650 la tonelada, «hubiésemos pagado lo que consideramos un despropósito», sólo en concepto de retenciones:
Soja = 49,3%
Maíz = 30,2%
Trigo = 24%
Y a la fecha, con la sustancial baja de los precios a US$ 412 la tonelada, se debería estar pagando:
Soja = 35,8%
Maíz = 21,8%
Trigo = 23,2%
O sea, aún más de lo que hoy se paga.
Como si esto fuera poco, concluye Bagnis, el último análisis de FADA sobre el porcentaje que el Estado se lleva de la renta agropecuaria, resultó nada menos que 81,7%, con una participación casi excluyente del Estado Nacional.
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