Este año subió fuerte por la combinación de aumentos en los costos de intervención y la caída de los granos. Crece la brecha entre lo que debe cobrar un productor por trigo y maíz y lo que paga el mercado
En el segundo semestre del año, la participación del Estado en la renta agropecuaria mostró un salto significativo después de transitar un comienzo de 2014 dentro del promedio de los últimos seis años.
En el último mes, el porcentaje batió el récord de ese período y alcanzó el 83,4% promedio tomando en cuenta los derechos de exportación, impuestos nacionales, impuestos provinciales y costos de intervención. Es decir que de cada $100 que produce una hectárea promedio en Argentina, ponderando la participación de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol, $83,40 se los lleva o los reasigna el Estado con sus políticas.
Es la conclusión del último informe publicado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. «Esta participación es levemente superior al 81,7% correspondiente a la última medición de septiembre de 2014, pero sustancialmente superior al 73,6% de diciembre de 2013 o al promedio de los últimos 8 años. Cifras similares sólo fueron alcanzadas con las sequías de 2008/09 y 2011/12», advierte el informe.
La razón principal de que la participación del Estado en la renta agrícola sea elevada durante la última década es la existencia de los derechos de exportación (o retenciones), que aplican una alícuota al precio bruto de los commodities agrícolas, mientras que el resto de los impuestos, que también afectan a otros sectores de la economía, se imponen sobre la ganancia neta o, si se imponen sobre el precio bruto, son trasladables, como el IVA.
El marcado cambio no fue casual. Estuvo directamente relacionado a la caída de precios de los principales granos, que hasta ese momento fue del 20,7% en dólares con respecto al año anterior. Mientras que -remarca el estudio- el incremento entre septiembre y la medición actual estuvo explicado por un aumento de los costos de intervención en los mercados de trigo y maíz.
«Los costos de intervención son medidos por Fada como la diferencia entre el precio teórico que deberían tener los granos en el mercado interno (FAS teórico) y el precio al cual realmente se están comercializando (disponible). Una diferencia entre estos dos precios puede responder a una simple cuestión de oferta y demanda en el mercado, pero históricamente esta diferencia ha estado por debajo del 10%», explica el trabajo.
En 2008 se introducen los ROE, que básicamente son restricciones o cuotas para exportar que el gobierno otorga a diferentes empresas. El fundamento de esta medida radica en evitar un desabastecimiento del mercado interno, para lo cual es efectivo en el corto plazo. Sin embargo, en el mediano plazo hace caer los precios internos de los productos y termina por desincentivar la producción. «El caso del trigo es el ejemplo perfecto de cómo una política como ésta termina generando efectos contrarios a los buscados», destaca el informe.
Al momento de la elaboración del informe, el maíz cotizaba al 83% y el trigo al 72% de sus precios teóricos. Este alto costo de intervención, sumado al hecho de que la rentabilidad de estos cultivos ya era reducida, determinan que la participación del Estado en una hectárea media de maíz sea del 97,7% de la renta y en el caso del trigo alcance el 140,5%.
«Las consecuencias de estos niveles de participación del Estado en la renta y sus implicancias en la rentabilidad de la producción se centran en dos aspectos: uso de tecnología y sustentabilidad. En cuanto a la primera, como en cualquier otra actividad productiva, cuando los márgenes son menores, se reducen la inversión y la aplicación de tecnología. Esto impacta de manera negativa en la productividad al utilizar semillas y fitosanitarios de menor calidad, y al aplicar menos fertilizantes. A su tiempo, la reducción de la productividad se traduce en menos exportaciones, menos dólares y menos empleo», dice Fada.
Con la sustentabilidad, en tanto, sucede algo similar. El suelo requiere que se roten los cultivos de una campaña a otra, es decir, que se siembren cosas diferentes, ya que cada uno extrae y repone nutrientes distintos. Esto es bueno para la calidad del suelo y el combate de las malezas. El problema es que al ser negativa la rentabilidad de cultivos como el trigo y el maíz, los productores siembran los cultivos más rentables, como la soja, con consecuencias negativas.
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