La suspensión por seis meses de la baja de las retenciones para la harina y el aceite de soja recibió algunos apoyos entre dirigentes del ruralismo, pero generó preocupación en la industria procesadora, que teme una caída en las exportaciones de estos subproductos y alerta con el cierre de plantas.
En diálogo con LA NACION, Carlos Iannizzotto, de Coninagro dijo: “Nos amanecimos con noticias económicas sorprendentes, que parecieran no tener un análisis, sin consultar al sector involucrado. Hay que dar reglas previsibles”.
“Es un recorte que afecta a las economías regionales, es exactamente al revés de lo que debieron hacer”, agregó, en tanto, sobre otra medida para reducir los reintegros a las exportaciones. “Para dar tranquilidad a los mercados, se sigue apostando a un mercado financiero volátil y se genera intranquilidad e incertidumbre en el sector industrial y productivo”, dijo.
Sin embargo, para el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, la suspensión de la baja de las retenciones a la harina y el aceite de soja, que derivará luego en una equiparación con el grano de soja, “es una medida que hace justicia en el mercado”.
“Había que igualar y equiparar las condiciones entre los dos sectores. Pero la medida se tomó por el problema de déficit fiscal”, señaló a LA NACION el titular de Carbap.
En la misma línea, Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), indicó: “Lo pone (al sector productor) en igualdad de competencia y la industria, al tener capacidad ociosa, está preparada para procesar más cantidad de soja”.
Chiesa aclaró: “No es una medida que impacta directamente en el sector y no debería cambiar el precio del grano”. Pero añadió: “Puede ser que en el mercado sí varie”.
Según Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la equiparación de los derechos de exportación del poroto de soja con respecto a los de la harina y el aceite es buena. “Es un reclamo histórico de la producción que finalmente fue escuchado”.
“Sin bien debemos ser cautelosos acerca del impacto que esta medida podría tener en toda la cadena y el mercado en el corto plazo, creemos que a la larga va a generar mejores precios para los productores y menos reclamos de dumping a nivel internacional, lo que redundará en nuevos mercados y oportunidades comerciales para el país”, señaló Pelegrina.
También, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, se eliminó el Fondo por el cual se transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja. Según el Ministerio de Hacienda, el ahorro fiscal para la Nación sería de $8500 millones en 2018 y $26.500 millones en 2019.
Para Iannizzotto, el Fondo Federal Solidario estaba destinado para que las provincias y municipios ejecuten obras de infraestructura, por ejemplo por los problemas climáticos. “Quitando esos recursos, no se van a terminar las obras que faltan”, declaró.
Ante esto, De Velazco señaló: “Lo que se busca al desarmar el Fondo es corregir disposiciones discrecionales y aberrantes del gobierno anterior: se originó durante el conflicto del campo con el kirchnerismo por la resolución 125 y estaba viciado (iba directamente a los municipios, salteando a las provincias)”.
En este sentido, Pelegrina indicó que “la eliminación del Fondo Federal Solidario va en línea con la generación de un sistema tributario basado en impuestos menos distorsivos y constituye un desaliento a la implementación de retenciones”.
Productores e industria
“El Gobierno debe fortalecer el perfil exportador. Se busca un recorte en el gasto público, pero lo hacen con el motor de la economía del país que es el campo,” volvió a insistir el dirigente de Coninagro sobre la medida por las retenciones. Además, Iannizzotto agregó: “Esto crea un contexto de rivalidad entre los industriales y los productores de grano (sector primario)”.
En esta línea, fuentes de la industria de la cadena de soja enfatizaron que la medida es “volver un paso atrás”.
“La cadena industrial se parará: llevará a exportar más materias primas en vez de productos elaborados”, dijeron. Y añadieron: “El perjuicio directo de la industria es la pérdida de competitividad y que las inversiones en el sector se van a terminar”.
“Este diferencial existía porque los países importadores de soja tienen un arancel mayor para la harina y el aceite para incentivar la producción en sus propios países. Es el principal producto de exportación hoy es la harina de soja”, explicaron del sector.
Para la industria de procesamiento de soja, la manufactura en el país tiene dos virtudes. “Por un lado, la diversidad de mercados para exportar, que brinda menos debilidad porque a la hora de hacerlo existen otros países importadores, aparte de China. Por otro lado está la estacionalidad, porque la industria compra todo el año y el productor no se ata a una ventana de tiempo”, indicaron.
En tanto, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), señaló: “La Argentina perderá exportaciones de harina y aceite, que son los dos principales productos de exportación”. Dijo que el sector alentará el “diálogo con el Gobierno para buscar mantener la competitividad exportadora”.
Ciara-CEC emitió un comunicado donde expresó su preocupación por los perjuicios que ocasionará la medida oficial.
“La agroindustria prevé, como probables efectos negativos, la caída de transacciones de principal sector exportador de la Argentina, que afectaría la recaudación fiscal que se proyectó; así como la menor capacidad de compra de la agroindustria”, indicó la entidad.
“El diferencial en los derechos de exportación entre materias primas y productos industrializados es el modo en que los países estimulan la exportación de empleo e inversión locales, al tiempo que evitan el proteccionismo creciente de buena parte del comercio internacional, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del complejo oleaginoso argentino que lleva tres décadas de crecimiento. Como consecuencia, la medida paraliza las nuevas inversiones del sector agroindustrial y podría derivar en el cierre de plantas industriales, lo que perjudicaría especialmente a los productores y se perdería empleo”, agregó Ciara-CEC.
Para De Velazco, con este escenario, “fue el menor daño posible para el sector agropecuario donde el Ministerio de Agroindustria jugó un papel importante para defender el sector”.
Mariana Reinke – LA NACIÓN
