Mientras las entidades nacionales toman posturas diferenciadas, Javier Rotondo (SRRC), considera que la medida no debería afectar a los productores. “Habrá que ver qué pasa cuando tengamos una mayor oferta de soja”, dijo
La decisión del gobierno nacional de suspender la disminución de las retenciones a las exportaciones de aceite y de harina de soja, productos insignia del comercio exterior de Argentina, está dando mucho de que hablar en estos días. No sólo de parte de la agroindustria sino también de algunas entidades de productores, como Coninagro, íntimamente ligada a la molinería.
Para los productores “productores”, en cambio, no deja de ser una buena noticia y constituye un viejo reclamo que en unos meses se verá cumplido: estos subproductos derivados de la soja tendrán el mismo arancel que el grano, del 23%, y juntos llegarán al 18% a fines de 2019.
En tal sentido, el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Javier Rotondo, aclaró primero que el Gobierno tomó tres medidas que deben ser analizadas por separado. “Porque no es sólo la eliminación de la reducción de retenciones al aceite y a la harina de soja, sino también la reducción del 66% del reintegro a las exportaciones, que afectará a la producción de carne, y la eliminación del Fondo Federal Agropecuario, también conocido como Fondo de la Soja, que era coparticipable con provincias y municipios”, comentó.
El diferencial en las retenciones a las exportaciones de harina y de aceite de soja se creó hace varios años como una manera de darle un estímulo al agregado de valor y “dio muy buenos resultados, ya que el complejo molinero del litoral santafesino es hoy uno de los más grandes del mundo y que seamos el primer exportador mundial de harina de soja”. Esto representa el 43% de las exportaciones argentinas y el año pasado permitió el ingreso de 9.300 millones de dólares.
Advirtió al respecto que el ruralismo sostiene desde siempre la postura de que las retenciones no deberían existir, directamente, “pero también es cierto que quienes recibían el beneficio de ese diferencial son los mismos que le pagan al productor por la soja que les vende”. Por eso, explicó, es que mantienen una actitud cautelosa con respecto a lo que puede suceder “no ahora, cuando hay que importar soja por la escasez derivada de la sequía de este año, sino en la próxima campaña, si las condiciones agrometeorológicas son mejores y hay una buena cosecha. ¿Qué pasará entonces? ¿Bajará el precio de la soja como ya dijo el presidente de Ciara (la cámara de la industria aceitera), quien estimó que la diferencia sería de unos 9 dólares?”.
“Son posturas sectores y nosotros tenemos que mantenernos cautos al respecto. Lo que sí sabemos es que la industria tuvo importantes ganancias por esta diferencia y que ahora esto iguala la situación y permite al Estado aumentar su recaudación reduciendo el déficit, sin que termine aportándolo la producción primaria, como siempre ocurre”, puntualizó.
El gran desafío, a su juicio, es que esa diferencia que dejará de tener la industria, no se traslade al precio que recibe al productor. Un tema sobre el que los analistas mantienen posiciones encontradas y que por un tiempo será una incógnita por develar cuando haya una mayor oferta de soja.
Destacó, por otra parte, que de alguna manera, esta medida va en contra de la política de promoción del valor agregado, para que se exporten más productos elaborados que commodities. “Es una contradicción con lo que se declama sobre la necesidad del agregado de valor en origen y la generación de mano de obra en el interior productivo”, enfatizó.
En cuanto a la reducción de los reintegros a las exportaciones, Rotondo manifestó que probablemente afectará al negocio de la carne, tal como lo expuso CRA, apenas se conoció la medida: “De todas maneras, hay que ver cómo va evolucionando”.
Fondo sojero
Con respecto al Fondo Sojero, el dirigente ruralista recordó que fue creado en el año 2009 como una reacción “post resolución 125” y que fue rechazado desde un comienzo por el sector agropecuario, sobre todo porque lo que se pidió siempre fue la eliminación de las retenciones, no su reparto. “Pero puntualmente, su manejo era discrecional y arbitrario. Así se adoctrinó a muchos municipios y provincias, a quienes se lo asignaba de acuerdo con su color político”, precisó.
Reconoció, sin embargo, que esto tendrá su impacto en la obra pública y así lo están advirtiendo muchos municipios y provincias. “Además, el impacto cambia de provincia a provincia. Tucumán, por ejemplo, se verá muy afectada porque es muy poco lo que aporta y mucho lo que recibe. Pero en el caso de Córdoba, que es más lo que aporta por retenciones que lo que recibía del Fondo Federal Agropecuario, no tendría mayores problemas porque se vería compensado por el fallo que obligó a devolverle el 15% de coparticipación”, afirmó.
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