En Entre Ríos, el Superior Tribunal de Justicia ratificó un fallo que limita las pulverizaciones en cercanías de escuelas rurales, con una distancia mínima de 3000 metros cuando son aéreas y de 1000 metros si son terrestres.
Las entidades agropecuarias estiman que esto dejará afuera de producción a unas 300.000 hectáreas, y calificaron recientes fallos como “arbitrarios y desmedidos”, al tiempo que pidieron que se revea la medida porque, de lo contrario, “van a provocar un daño irreversible al sistema productivo entrerriano”.
“Nosotros vivimos en el lugar, con nuestros hijos, nuestras familias, pero ahora nos quieren imponer este límite sin ningún criterio serio”, sostuvo Mariela Gallinger, referente de la Federación Agraria Argentina (FAA) de Crespo.
Juan Ferrari, productor del departamento Gualeguaychú, le dijo a LA NACION que “muchos campos quedaron improductivos por miedo de sus dueños a ser denunciados y hoy, en medio de situaciones que ya son críticas, nosotros sumamos un problema más”.
Ferrari contó que su campo está frente a una escuela rural y que por eso unas 400 hectáreas quedan fuera de producción en torno a la institución educativa. Apuntó sus críticas “al gobierno provincial y a la Justicia entrerriana, que no están tomando con debido respeto las necesidades de los productores”.
En el contexto de la protesta, autoridades del Poder Judicial recibieron a una delegación de los manifestantes.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Emilio Castrillón, sostuvo que los jueces actuaron en base a la legislación vigente y se pronunció a favor de una salida política que acerque posiciones entre productores y ambientalistas. Dijo que “la defensa de la vida es un precepto constitucional que tenemos que resguardar, respetar y cumplir”.
Posiciones
Castrillón le dijo a los productores con los que se reunió que para fundamentar su reclamo es necesario acreditar con estudios científicos que los agroquímicos que se utilizan no producen daños a la salud. En su opinión, “no ha sido acreditada la inocuidad de los agroquímicos”.
Vale recordar que diferentes organismos internacionales, entre ellos la FAO y la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) consideraron “poco probable” que un producto como el glifosato sea cancerígeno.
Referentes de las entidades ambientalistas que impulsaron las medidas restrictivas dicen que los agroquímicos afectan a la salud y presentaron documentos de universidades nacionales y otros organismos internacionales tomados por el juez Oscar Benedetto, uno de los magistrados que fallaron a favor de poner límites a las aplicaciones.
Otro vocal del más alto tribunal entrerriano, Miguel Ángel Giorgio, que fue quien fundamentó la ratificación del fallo en instancias inferiores, sostuvo que “las distancias fijadas no son antojadizas, sino que están contempladas en el digesto que dice que en los centros urbanos no se puede fumigar a una distancia de 1000 metros por vía terrestre y 3000 metros por vía aérea. Si en los centros urbanos, donde habitan personas, no se puede fumigar a esa distancia, debemos colegir que en los colegios, donde también hay personas, los límites deben ser iguales”.
“A mí me traen un dilema, que es la producción o la salud. Ante ese dilema, hay una jerarquía de bienes jurídicos protegidos, y por eso elijo el bien superior, que es la salud”, agregó el juez de la Corte entrerriana.
Críticas a Bordet
Nicolás Mattiauda, integrante del bloque de Cambiemos en la Cámara alta entrerriana, criticó al gobernador Gustavo Bordet. Opinó que no usó la herramienta política para acercar posiciones. “Bordet debe convocar a un urgente trabajo legislativo, como modo de encontrar las herramientas para lograr un acuerdo”, sostuvo.
El bloque de Senadores de Cambiemos presentó un proyecto para actualizar la ley de agroquímicos y uso de fitosanitarios, que se parece al que regía en la provincia antes de que el exgobernador, Sergio Urribarri, le diera de baja frente al pedido de integrantes de colectivos ambientalistas.
