Columna de opinión de la Sociedad Rural de Río Cuarto publicada en el suplemento Tranquera Abierta de Diario Puntal.
La insostenible presión tributaria que padecen los sectores productivos podría agravarse en caso de prosperar en el Congreso de la Nación el proyecto de “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” (léase impuesto a la “riqueza”) que impulsa el Gobierno.
Más que un aporte solidario es compulsivo y tiene su génesis en la mera necesidad de recaudar, sin reparar en los perjuicios a la producción, jaqueada por una crisis sin precedentes.
Ante los recurrentes desfasajes, los gobernantes lejos de elaborar planes de largo plazo con reglas claras, sólo apelan a escarbar en los bolsillos de quienes producen y vienen soportando una carga tributaria en muchos casos inconstitucional y confiscatoria, como son los derechos de exportación.
Mientras la presión aumenta sobre el sector privado, el gasto público avanza a ritmos agigantados y también la planta de empleados estatales, sin que la política se haga cargo de este contrasentido y mire para otro lado a la hora de ser solidarios y colaborar con el país.
El propio presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, admitió que “los primeros que deben pagar el aporte solidario son los políticos y los funcionarios judiciales”, sin que sus palabras hayan encontrado demasiado eco entre sus pares y en el ámbito judicial.
El nuevo impuesto está orientado a gravar las fortunas superiores a los 200 millones de pesos, sin contemplar la capacidad contributiva al momento de tener que pagar el tributo.
Esto significa que un productor de la zona núcleo con 200 hectáreas y alguna maquinaria se encuadre dentro del círculo de “riqueza”, al igual que una pyme industrial que es propietaria de inmueble, instalaciones y maquinarias con tecnología.
Es decir, se toma en cuenta el patrimonio, no las utilidades. Entonces, un productor que trabajó toda su vida, que sufrió sequías, heladas, incendios, que no pudo levantar la cosecha, que hizo el esfuerzo para incorporar tecnología, que se endeudó con los bancos, está condenado a pagar el nuevo impuesto, sin importar que está inmerso en la misma crisis. Sólo tiene su capital.
Lo mismo ocurre con cualquier pyme, que brinda trabajo a numerosas familias. El propio Massa admitió que por la legislación argentina, un empresario nacional que tiene baja rentabilidad pero inmuebles y maquinarias deberá tributar mientras que una cadena multinacional, con la cual compite en desventaja comparativa, está exenta.
Por todo esto, la Sociedad Rural de Río Cuarto considera que es un impuesto inconstitucional, confiscatorio y antiproductivo.
Y preocupa que los legisladores del oficialismo de Córdoba, una de las provincias más productivas del país, hayan decidido avalar este impuesto que no es coparticipable, al igual que los derechos de exportación, librando al Ejecutivo nacional el manejo discrecional de los recursos, con todos los peligros de “amiguismos” y “castigos” que conlleva.
Cuando a los más prestigiosos analistas económicos se les consulta por qué Argentina vive de crisis en crisis, la respuesta es obvia: precisamente por decisiones como éstas.
Los países desarrollados están convencidos de que una mejor distribución se logra generando más riqueza, no minándola. Por eso brindan incentivos, otorgan créditos accesibles y bajan impuestos para una mayor producción. Argentina, en cambio, parece sólo pensar en crear nuevas imposiciones cuando ya el campo aporta en tributos al Estado 62 pesos de cada 100 de la renta agrícola.
