Columna de opinión de la Sociedad Rural de Río Cuarto publicada este viernes en el suplemento Tranquera Abierta de diario Puntal.
La baja temporaria en los derechos de exportación de la soja y el sistema de compensaciones a los pequeños productores fueron dos decisiones políticas del Gobierno que presentó estas medidas como un “apoyo al campo”, cuando en realidad su efecto es el contrario.
Antes de cualquier análisis, la Sociedad Rural de Río Cuarto, en línea con Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Cartez, reafirma que los derechos de exportación (retenciones) constituyen un impuesto distorsivo y confiscatorio.
Se sabe que el Estado, a través de la creciente asfixia tributaria, se ha convertido claramente en el socio mayoritario de la renta agrícola.
Apenas asumió el gobierno de Alberto Fernández decidió de manera inconsulta una suba generalizada de los derechos de exportación, con la promesa de compensar a los pequeños productores.
Luego de ocho meses de cobrar esas retenciones a la soja al 33 por ciento, esta semana instrumentó el sistema de compensaciones que se aleja de la escala original, con menos fondos de lo previsto, y que llegará a pocos productores por las condiciones planteadas.
Hay que aclarar que, como indica su denominación, al tratarse de una “compensación” es porque antes el Estado le quitó al productor parte de su renta.
Según la disposición, un productor cordobés que haya facturado hasta 20 millones de pesos, será compensado por las ventas realizadas entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre, y con un tope de hasta 2,9 toneladas por hectárea declarada ante el SISA.
La escala establecida es la siguiente:
Hasta 100 h: $ 1.543,50
De 100 a 200: $ 1.102.
De 200 hasta 300: $ 661,50.
Más de 300 hasta 400: $ 441.
Esto es igual y uniforme para todos, sin reparar cómo fue la campaña agrícola.
Por ejemplo, un pequeño productor del departamento Río Cuarto tuvo rentabilidad negativa en la última campaña, con rindes de 13 qq/ha en algunos casos, que no alcanzan para cubrir los costos, mientras que otras zonas beneficiadas por las lluvias cosecharon 45 qq/ha, con lo cual se agiganta la brecha y la desigualdad.
Sobre la reducción en los derechos de exportación de la soja que estuvo vigente en octubre, fue una medida “efectista” pero no efectiva.
La baja de 3 puntos porcentuales y por un corto período sólo estimuló la liquidación de las agroexportadoras, que compraron con retenciones al 33% (lo que representó un mayor descuento a los productores) y liquidaron al 30%.
En la práctica hubo una traslación de recursos desde el sector productivo al industrial, al tiempo que el flujo de divisas a las escuálidas arcas del Estado no fue la esperada.
Ante la falta de un plan, el Gobierno sustenta su acción con parches inconducentes, aunque tiene la “virtud” de comunicarle a la sociedad sus desatinos y el castigo al sector primario como un guiño hacia el campo.