Columna de opinión de la Sociedad Rural de Río Cuarto publicada en el suplemento Tranquera Abierta de diario Puntal.
La decisión del Gobierno nacional de instrumentar nuevas y burocráticas exigencias para las exportaciones de carnes, granos y lácteos, con el ambicioso –pero probadamente ineficaz- objetivo de bajar los precios domésticos de los alimentos, encienden las alarmas en todo el sector productivo por la similitud de estas resoluciones con los ROE, que se crearon en el 2008 y generaron un daño irreparable.
La Mesa de Enlace ya se declaró en alerta y consultará a las bases para definir los pasos a seguir. Pero no sólo los representantes de los productores primarios rechazaron estas nuevas medidas sino que unieron en el espanto a toda la cadena.
La industria frigorífica juzgó que limitar las exportaciones de carne equivale a la destrucción de la ganadería; las cadenas que agrupan a soja, maíz, trigo y girasol advirtieron que habrá una caída de la producción y operaciones encubiertas, y hasta el Consejo Agroindustrial Argentino, que venía manteniendo asiduas reuniones con el Gobierno para elaborar un programa previsible y de largo plazo, se sintió defraudado por esta maniobra arbitraria e inconsulta que tira por la borda todo el esfuerzo.
La preocupación y el temor de que se repitan los errores del pasado tienen su fundamento sólido: los ROE funcionaron entre 2006 y 2015, y la carne lejos de bajar entre enero de 2006 y diciembre de 2011 aumentó 300%, muy por encima de la inflación general que fue del 200%.
Además, el stock ganadero se redujo entre 10 y 12,5 millones de cabezas, se cerraron más de 100 plantas frigoríficos con la consecuente pérdida de miles de empleo y también el consumo se contrajo 10 por ciento.
Es muy probable que por liquidación de animales, en el corto plazo –quizás hasta las elecciones que parece ser el fin superior- algunos precios logren plancharse, pero los daños en el futuro podrían ser irremediables.
El sector agroindustrial, que es el mayor proveedor de divisas para el país, parece ser el chivo expiatorio de un Gobierno que no quiere cargar con culpas ni responsabilidades, porque el verdadero problema de la economía argentina es su endémica inflación, que ninguna gestión atacó con un plan decidido y eficaz.
Y las causas de esa inflación hay que buscarlas en el propio Estado: descontrolada emisión monetaria, sobredimensionamiento y excesivo gasto público y de la política, déficit fiscal y una carga impositiva difícil de sobrellevar que termina impactando fuertemente en el valor final de los alimentos.
Otro grave problema es la manera de comunicar, que confunde a la sociedad con argumentos falaces y rebatibles. Por ejemplo, se instaló la idea de desacoplar los precios internacionales de los locales. En el caso de la soja, en estas horas está tocando un máximo histórico de nueve años, con una cotización de 550 dólares la tonelada en el mercado referente de Chicago, lo que supone una fabulosa rentabilidad para el productor.
Ese valor a un dólar de mercado de 143 pesos representa $ 78.650 la tonelada… Pero por la “doble retención” (derechos de exportación al 33% y dólar oficial planchado) el productor argentino sólo recibe alrededor de 31.500. Es decir, de hecho hay un desacople superior al 150 por ciento.
Por falta de asesoramiento de profesionales idóneos o por ideología, el Gobierno sigue con su mala praxis en materia productiva: diagnóstico equivocado, placebos o remedios ineficaces, pero nunca se ataca la verdadera enfermedad.
