Columna de opinión de la Sociedad Rural de Río Cuarto publicada en el suplemento Tranquera Abierta de diario Puntal.
La escalada intervencionista ofreció esta semana dos nuevos capítulos con decisiones medulares del Gobierno: la estatización de la estratégica Hidrovía Paraná-Paraguay por al menos un año y el rechazo al pedido de prorrogar las concesiones del transporte ferroviario de cargas, con lo cual también volverá a manejar este negocio.
¿Qué es la Hidrovía? Se trata de un corredor natural de transporte fluvial de más de 3.400 kilómetros de largo, que se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay, y permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
Los usuarios –que la sustentan mediante el pago de peaje- destacan que en 25 años se lograron varios hitos: inversiones privadas por 15 mil millones de dólares, terminales fluviales en el río Paraná, más de 30 modernas terminales portuarias, 20 enormes fábricas de aceite, desarrollo de una eficiente industria del biodiesel, 30% de reducción de fletes y 70% de costos portuarios, además de miles de empleos de calidad.
Ante la caducidad de la concesión, que estaba en manos de la empresa belga Jan de Nul con Emepa como socio local, lo ideal hubiese sido un nuevo llamado a licitación abierta y transparente, y que luego el Estado ejerza eficientemente su rol de control.
Por eso la estatización genera incertidumbre y también suspicacias, porque no hay recursos económicos ni tecnológicos para realizar las obras de mantenimiento y de balizamiento, más aún con la peor bajante del Paraná en 45 años.
En un país que ha caído a la categoría “standalone” (la más baja, reservada para naciones con severo deterioro económico y financiero como Zimbabwe o Botsuana), la lógica indica que se deben crear las condiciones necesarias para la llegada de capitales privados que generen empleo y no ahuyentarlos.
Además, el Estado argentino arrastra como mochila el pesado antecedente histórico de manejo ineficiente de empresas que sólo generaron déficit.
Tampoco se puede esperar demasiado de un Estado que no puede ofrecer garantías mínimas en salud (mala administración de la pandemia y desacertada política en la compra de vacunas), educación (suspensión de las pruebas de evaluación de la calidad educativa tras más de un año sin presencialidad en las aulas y con récord de deserción escolar) o seguridad (liberación de presos, escalada de delitos y usurpaciones alentadas por algunos funcionarios y legisladores).
Entonces, desde diversos sectores aseguran que la estatización de la Hidrovía -por la cual circula el 80% del comercio exterior argentino- responde exclusivamente a una decisión política, sustentada en la “necesidad de caja”, ya que la Administración General de Puertos pasará a cobrar el peaje, con una recaudación aproximada de US$ 300 millones anuales.
Además, especialistas en política exterior advierten el riesgo de que detrás de esta movida haya un posicionamiento geopolítico con el objetivo de realizar una licitación a medida de una empresa china, lo que generaría focos de tensión con Estados Unidos.
Argentina no necesita un Estado omnipresente. Las inversiones, el desarrollo, el flujo de negocios, la generación de empleo formal y el crecimiento deben venir de la mano del capital privado. El Estado sólo debe velar por principios básicos y fundamentales para la sociedad: educación, salud, seguridad, sistema previsional sólido, justicia y defensa de la propiedad privada.
