La Sociedad Rural de Río Cuarto, junto a sus pares de Adelia María, Vicuña Mackenna, Jesús María y también la Sociedad Rural Argentina, se presentaron esta semana en los tribunales federales para reclamar por la inconstitucionalidad del cobro de los derechos de exportación a partir del 1° de enero, fruto de la caída del marco normativo que le daba sustento a ese tributo.
Sin la Ley de Presupuesto 2022, que finalmente no fue aprobada en diciembre por el Congreso y sin la prórroga de la Emergencia, la delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo para que fije los parámetros de ese impuesto ya no existe y por lo tanto tampoco está vigente la facultad del Ejecutivo para percibirlo.
Por eso, en su planteo en los tribunales, la Sociedad Rural de Río Cuarto reclama el cese inmediato de ese cobro para que el dinero aportado vuelva a los productores y a los pueblos y ciudades del interior que se ven seriamente afectados desde que se implementaron los derechos de exportación porque destinan a las arcas nacionales fuertes sumas de dinero que algunos cálculos ubican por encima de los 100 mil millones de dólares en los últimos 20 años; el equivalente a poco más de dos préstamos del Fondo Monetario Internacional que por estas horas tantas dificultades está generando.
Además ese dinero fue administrado de manera arbitraria por el poder central debido a que esa recaudación no ingresa en los canales coparticipables como otros impuestos, sino que el Gobierno nacional de turno se encarga de distribuirlo en base a simpatías y conveniencias políticas que muchas veces no se ubican cerca de las necesidades.
Vale recordar que Córdoba aportó el año pasado 3.500 millones de dólares en derechos de exportación a las arcas nacionales. Y lo hicieron los productores que con ese dinero seguramente hubiesen invertido en mejor y más tecnología para esta campaña agrícola, en nueva maquinaria o instalaciones, o incluso en genética animal, por ejemplo. Eso hace mover la rueda de la economía en todo el interior y activa con mayor fuerza a muchas cadenas productivas que dan empleo y generan arraigo.
Los derechos de exportación son un muy mal impuesto que cae sobre los hombros de los productores y productoras de todo el país y sólo genera más retraso en el desarrollo del principal motor económico de la Argentina. Y a esta altura ya no deberían caber dudas de que solo su enorme recaudación no alcanza para solucionar los problemas estructurales del país que sigue acumulando índices negativos en el plano social, educativo, laboral y económico. Y en particular, encuentra cada año una tasa de inflación mayor a las anteriores; aunque muchos insistan en la lógica de “desacoplar precios internos de los internacionales” con este mecanismo. Está claro que aún con todo esto la inflación no detiene su ascenso y sería prudente pensar que detrás hay otros combustibles que la están alimentando y que no tienen que ver con la incidencia de las materias primas de los alimentos. La inflación es la suba generalizada de los precios de la economía, no sólo de los alimentos.
Mientras el Gobierno siga insistiendo en estos argumentos y estas recetas continuaremos generando retraso en el crecimiento, tiempo perdido y aumento de los problemas.
Llegado este punto, es sabido que los derechos de exportación no pueden eliminarse de un momento para el otro, pero el Estado no puede cobrar algo que a todas luces hoy es ilegal. Y como contrapartida, el Congreso deberá discutir, ya que es su competencia, un nuevo esquema de retenciones que tienda a la eliminación del tributo de manera gradual y se ordene así un sistema totalmente desvirtuado.
