El sorpresivo anuncio que llegó por un mensaje de WhatsApp de que Cargill abandonaría su participación en la pizarra de maíz de Rosario desató un tembladeral en el comercio de granos argentino.
La referencia de esa cartelera para todos los operadores de cereales y oleaginosas del país es clave y brinda transparencia e institucionalidad a un negocio varias veces millonario del que participan miles de productores de un lado con un puñado de exportadores del otro. Por esa característica estructural de la cadena comercial es que una mayor institucionalidad permitía preservar los intereses del más nutrido, atomizado y débil eslabón.
La ruptura de Cargill no es menor. Se trata del principal exportador de granos de la Argentina en un mercado de muy grandes jugadores, de los cuales los más encumbrados son de capitales extranjeros. Además, se sumó a la medida otra grande: ADM, que ocupa el cuarto lugar en el ranking de exportadores.
Ahora bien, ¿qué puede pasar a partir de ahora, especialmente para los productores agropecuarios? Lamentablemente nada bueno. Cuanto menor institucionalidad en ese mercado, mayor será la intemperie en la que queda el agricultor. Si a partir de ahora estas empresas no se referencian en el precio de pizarra y deciden avanzar con cotización propia, lo que viene para el productor es un deterioro del precio que va a conseguir en un mercado que pierde transparencia, gana prepotencia por parte de los grandes jugadores y suma mayor incertidumbre.
En el mercado advierten que esto sería una reacción de estas multinacionales a las idas y vueltas del Gobierno en materia de granos, con mención especial al “dólar soja” y a los rumores crecientes del “dólar maíz” que podría despuntar en este 2023 como un incentivo para alentar la comercialización de ese cereal. Como telón de fondo aparece una enorme sequía que cubre gran parte del país y sus principales zonas productoras de granos. Los operadores descuentan que habrá menos volumen de producción y comercialización esta campaña, lo que se traduciría en al menos 10 mil millones de dólares menos de exportaciones. Eso también pesa en la reacción de Cargill y ADM.
Pero más allá de lo climático, las decisiones de política agropecuaria que viene tomando el Gobierno, que sólo buscan hacer caja, sumar reservas y evitar una devaluación brusca de la moneda sin sopesar los efectos colaterales que estas provocan en múltiples ramas del sector productivo, tendrían ahora una consecuencia más: la ruptura de un mercado transparente y que fluía con naturalidad entre la oferta y la demanda. Como ocurre en otros sectores productivos, como la lechería, ese modelo comienza a ser reemplazado ahora por la imposición de una de las partes, la más fuerte.
Este escenario se ubica peligrosamente más cerca de la ya mencionada Junta Nacional de Granos con la que esta gestión coqueteó en más de una oportunidad, especialmente en sus comienzos, con proyectos empujados por legisladores oficialistas en el Congreso. Un modelo que hacia adentro ejerce la fuerza de un comprador único o más importante y que hacia afuera recibe el precio internacional de los granos: un esquema inmejorable para ampliar márgenes de rentabilidad a las grandes multinacionales o bien para que un organismo burocrático se quede con su tajada, según sea finalmente el modelo a seguir. En cualquiera de los dos escenarios, el que se quedará con la peor parte será el productor agropecuario, que no sólo debe lidiar con una sequía cada vez más profunda, sino que ve un inicio de año con un escenario en el que una vez más avanza por un desfiladero sin baranda.
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