Este sábado se cumplió 15 años de la Resolución 125 que no sólo despertó una reacción ante lo que pretendía ser un saqueo de los recursos de los productores, sino que permitió además consolidar la creación de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias y dar un giro en el posicionamiento de los hombres y mujeres de campo que comenzaron a entender además la extrema necesidad de participación institucional y de abandonar la soledad tranquera adentro para construir una resistencia más granítica que trate de impedir medidas unilaterales e irracionales como fueron las retenciones móviles que impulsó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Como se recordará, la medida tenía sólo fines recaudatorios y pretendía aprovechar el alto valor de los granos en aquel momento, especialmente el de la soja. Por eso en la oleaginosa se subía la alícuota del 35% a casi un 44,1%, alcanzando luego un tope de 48,7%. Además, con precios de exportación superiores a US$600 la tonelada, la alícuota marginal era del 95%. Por lo tanto, el Estado pasaba a quedarse casi con toda la mejora por arriba de ese precio.
La reacción no se hizo esperar y las rutas del país se vieron repletas de productores que decidieron unificar la protesta a lo largo y a lo ancho del país, con foco inicial en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
Por supuesto que la historia conocida terminó con el “voto no positivo” y una derrota para las pretensiones del oficialismo, aunque eso no duraría demasiado.
Pero visto en perspectiva, mucha de la discusión de fondo de aquel 2008 aún sigue vigente. El Gobierno sigue cobrando retenciones que en la soja llegan al 33% aún en un contexto de sequía extrema y magra cosecha como la que atraviesa la enorme mayoría de los productores. Esto quiere decir que por poco que recolecten de sus campos, un tercio irá al Estado.
Además, a lo largo de estos años los productores argentinos aportaron la friolera de 175 mil millones de dólares por derechos de exportación, un impuesto inédito a escala global y que la Argentina comparte apenas con un pequeño puñado de países de escasa reputación en el manejo de sus cuentas. Ese gigantesco aporte realizado no sirvió sin embargo para mejorar ninguno de los servicios esenciales que el Estado debe brindar: educación, salud y seguridad a la cabeza. Tampoco se observan obras de infraestructura que hayan significado un quiebre y que permita hoy tener una mejor calidad de vida a millones de argentinos.
Por el contrario, pese a ese aporte extraordinario, los índices sociales se deterioraron fuertemente; el panorama económico luce mucho más preocupante y a los productores se los impidió de disponer de ese dinero que seguramente se hubiese transformado en más inversiones, más tecnología y más desarrollo para el interior del país y sus habitantes.
Mucho peor, ese cobro se asimiló en el gasto consolidado de un Estado claramente ineficiente. Pero más allá de la dificultad para revertir ese cuadro, es imperioso avanzar con decisión para evitar que el costo siga expandiéndose mientras miles de productores hoy pelean por su subsistencia detrás de una sequía que tiene pocos antecedentes en el país. Porque aquel aporte no sirvió para prevenir ciclos negativos de producción con fondos que se pongan en juego en contextos como el actual, de extrema sequía y grandes pérdidas productivas. Hoy, cuando el que necesita ayuda es el productor, no hay recursos para socorrerlo y los magros anuncios ni siquiera llegan a implementarse. Por eso aquel reclamo de 2008 aún no tiene sus fundamentos resueltos, con el agravante de una brecha cambiaria que potencia aquel escenario.
