Está claro que más por necesidad que por convicción el Gobierno decidió revisar a último momento una serie de puntos que incluyó en su ley ómnibus “Bases y Puntos de partida” para alcanzar dictamen en las comisiones de Diputados y llevar a votación al recinto ese gran paquete normativo que incluye innumerables reformas.
Entre los cambios que confirmó el oficialismo se incluyó felizmente uno vital para Córdoba y que impacta en la cadena del maíz, el cultivo más importante de la provincia en volumen productivo y en agregado de valor. Es que sólo vale repasar que Córdoba es la principal productora de etanol de maíz de la Argentina y también lidera en cerdos. Adicionalmente, encabeza también el ranking de litros de leche, naturalmente también asociado a ese cereal.
Lo cierto es que el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, comunicó en el debate parlamentario organizado esta semana que habrá una sustancial modificación en la idea original sobre los biocombustibles: en una incomprensible iniciativa, el Gobierno había propuesto eliminar el corte mínimo obligatorio y dejarlo en manos de las petroleras, de acuerdo a sus necesidades, lo que ponía en riesgo a toda una gran industria que desde hace más de una década se instaló en Córdoba para agregar valor al cereal dentro del principal cordón maicero nacional. Es decir, además es una industria montada en el interior del interior: las principales productoras de Córdoba están en Villa María, Alejandro Roca y Río Cuarto, rodeadas de un mar de maíz. El funcionario informó que lejos de eliminar el piso se iba a avanzar en la ampliación de ese mínimo obligatorio. Primero se garantizaría el 12% sin posibilidad de que el corte sea menor, y luego se iba a fomentar la ampliación hasta el 18%.
El otro gran tema que preocupa a los sectores productivos de Córdoba es el de las retenciones.
La suba que busca imponer el Gobierno sólo provocará un daño de profundidad aún no especificada, en varias cadenas productivas. El razonamiento de los funcionarios delante de una planilla de Excel muestra que si con un gravamen determinado se generan un volumen de ingresos al Estado, aumentando la presión tributaria se logrará incrementar esos ingresos. En la práctica eso no funciona así. Y en la teoría, la famosa curva de Laffer también lo demuestra. Hay un punto en el que, a mayor presión tributaria la recaudación cae; y llevado al extremo, no habrá recaudación. La explicación es simple: en un momento, la actividad se hace inviable y desaparece. Es el riesgo en el que la idea del Gobierno puso a muchas economías regionales del país. Subir las retenciones a la carne y en particular a la porcina, por ejemplo, hace que esta última tenga una pérdida de competitividad en los mercados internacionales que la llevará a bajar fuerte los niveles de exportación. ¿Cuánto más va a recaudar el fisco? Adicionalmente, impide el crecimiento y la inversión en un sector floreciente en el país y con muchas oportunidades si se le quitan los contrapesos.
Así como el Gobierno parece haber comprendido el tema biocombustibles desde el punto de vista productivo, económico y ambiental; con la situación de los derechos de exportación, agravados por el plazo indefinido en el que se los coloca, no parece tener empatía.
Detrás de este gravamen, y mirado en una perspectiva más larga, hubo miles de millones de dólares que no volvieron a reinvertirse en los campos y en emprendimientos productivos nuevos en el país. Y uno no menor es el capital suelo.
Por eso, en el marco del diálogo, el oficialismo al menos debe dar señales en favor de la quita de retenciones y no imitar caminos que nos llevaron a este punto de crisis.
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