Luego de que el Gobierno obtuviera en las últimas semanas la esperada Ley Bases y el paquete de reforma fiscal, y luego se firmara finalmente el Pacto de Mayo con los gobernadores en Tucumán, la noticia que completó el combo político para el sector agropecuario fue la salida del secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vilella, que fue reemplazado por Sergio Iraeta, quien se desempeñaba como subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal. Todo se concretó sobre el cumplimiento del séptimo mes de gestión del Gobierno nacional.
Si bien los dos primeros son hechos positivos porque le dan a la actual gestión del presidente Javier Milei las herramientas que reclamaba para avanzar con su plan de gobierno, resta conocer ahora la letra chica de lo que implicará cada una de ellas para el sector agropecuario. En la Ley Bases está claro que operan una serie de desregulaciones que asoman en la dirección correcta, aunque siempre es imperioso luego tener detalles sobre la ejecución de esas definiciones. Es tan importante el manual como la operatoria. En el pacto firmado en Tucumán, en tanto, si bien hubo ausencia de representatividad agropecuaria, lo fundamental allí vuelve a ser la política de fondo y no la foto. Si faltó o estuvo algún gobernador, o si estuvo o no algún representante de un espacio puede servir para la comidilla, pero no cambia la sustancia.
Dentro de los 10 puntos que suscribieron el presidente y 18 gobernadores hay referencias generalizadas hacia el campo y la agroindustria. Se puede entender que en la intención de reducir la presión tributaria hay una búsqueda de quitarle una insostenible carga al sector productivo, empezando por los derechos de exportación, aunque esas promesas ya fueron varias veces manifestadas y hasta aquí nunca concretadas. También hay un compromiso asumido por los gobernadores de no avanzar con más impuestos y trabajar para reducirlos o quitarlos.
La inviolabilidad de la propiedad privada, la reforma laboral moderna y la apertura al comercio internacional son otros de los puntos que aluden al sector productivo agropecuario, como también a otros actores de la economía nacional.
De esa forma, el Pacto de Mayo es un compendio de principios que van claramente en la dirección que el país viene reclamando desde hace tiempo, pero que ahora deben materializarse en acciones eficientes que requerirán de una precisión quirúrgica a la hora de tomar decisiones para llegar a buen puerto.
El Gobierno carga con la historia de centenares de buenas intenciones que no llegaron a concretarse en las últimas décadas. Contra eso también deberá batallar, para demostrar y convencer que esta vez será diferente.
En ese sentido, la salida de Vilella de la Secretaría de Bioeconomía, que se conoció cuando estaba en París, por regresar a la Argentina, tras una gira con fines comerciales por Oriente, es una muestra más de que la política agropecuaria permanece en “stand by”. Transcurrieron siete meses de gestión y en casi todos el funcionario debió enfrentar rumores de salida del gobierno. Y mientras tanto, las noticias estuvieron relacionadas al desgranamiento de su equipo de trabajo. Hasta que finalmente esta semana el rumor se hizo realidad.
El cambio de funcionarios puede ser algo positivo y válido si hay una evaluación de etapa cumplida o de objetivos no alcanzados. Pero más allá de los nombres, lo relevante siempre son las políticas que se llevan adelante y el rumbo que pretende impulsar el Gobierno. Incluso más allá de sus declamaciones: lo imperioso y valedero son las acciones. Sobre los hechos debe cimentarse la valoración de la gestión.
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