Muchas veces se insistió en que repetir las recetas sólo puede dar como consecuencia un mismo resultado. La Argentina se vino copiando a sí misma en las últimas décadas con políticas que, a juzgar por el contexto actual, sólo fueron empeorando la situación general de la población, más allá de alguna coyuntura apenas temporal. Superar hoy el 55% de pobreza es un dato que por sí sólo exime de cualquier otro análisis.
Por eso los productores agropecuarios y todo el sistema celebraron que esta semana el Gobierno avanzara en un camino que se viene reclamando desde hace tiempo: la eliminación de trámites burocráticos y la baja de la presión tributaria.
El presidente Javier Milei anunció en la Exposición de Palermo que avanzaría en una serie de medidas que apuntaban en esa dirección. La primera reacción fue de beneplácito, pero con cautela porque no hubo allí especificación de los plazos. Pero en apenas 10 días hubo acciones en ambos sentidos y en particular esta semana con recortes y eliminación de retenciones en cadenas cárnicas y lácteos.
Ir en el camino de eliminar los derechos de exportación, que ninguno de los principales competidores de los agroalimentos que tiene la Argentina en el mundo aplican, es una necesidad ya impostergable y de múltiples beneficios.
Primero que esos recursos que se llevó el Estado durante décadas, claramente no sirvieron para mejorar la condición de vida de nadie, se perdieron en vericuetos de escasa transparencia e impidieron lubricar un crecimiento más sustancioso de sectores que hubiesen potenciado la actividad económica en múltiples regiones del país.
Hay cálculos concretos de que en las últimas dos décadas el Estado se apropió de casi 200 mil millones de dólares. De sólo imaginar todo lo que se podría haber invertido con ese dinero en distintos puntos del país y lo que eso hubiese generado en riqueza, trabajo y desarrollo, muestra el sinsentido de continuar sosteniendo un drenaje nocivo.
Además, hay ejemplos no muy lejanos de lo que el campo hizo cuando esa carga tributaria se redujo. Cuando en el Gobierno de Mauricio Macri se avanzó en la quita de derechos de exportación para trigo y maíz y se trazó un sendero de descenso en la alícuota para la soja, los productores salieron a sembrar muchas más gramíneas. En el caso de la fina, la siembra, que hasta el ciclo 2015/16 promediaba entre 3,5 y 4,5 millones de hectáreas trigo, pasó a superar las 6 millones en los ciclos subsiguientes.
Así, una cosecha que apenas lograba superar las 10 millones de toneladas cada año (con 7 de consumo interno), pasó a orillar las 20 millones en cada campaña. Eso mostró que fue el camino para “agrandar la torta” y generar muchas más toneladas para la exportación y el ingreso de divisas, siempre necesarias en la Argentina.
Ahora el Gobierno anunció la eliminación de los derechos de exportación a los productos de la categoría vaca y de las cadenas porcina y láctea, así como la reducción del 25% en las retenciones para distintas cadenas de carne (bovina, aviar) que pasarán del 9% al 6,75%. Eso no sólo va a permitir que más recursos vuelvan a quienes los producen en las distintas instancias, desde el productor hasta el exportador, sino que al producto argentino en el mundo la dará más competitividad en un momento en el que los precios están deprimidos, la demanda China ya no es tan potente y hay actores como Brasil que avanzan agresivamente en los mercados. La Argentina no puede seguir dando ventajas por sus propias deficiencias, porque más allá de la probada calidad de sus productos, sus costos la sacan de la preferencia y le impiden conseguir clientes en el mundo.
Potenciar las exportaciones es potenciar a los que producen y para eso es imperioso ahora seguir por ese camino, sin pausa.
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