Aquel 11 de marzo de 2008 hubo un quiebre definitivo entre el entonces Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los productores agropecuarios de todo el país. No hubo vuelta atrás. Cuando el ministro de Economía, Martín Lousteau anunció la publicación de la Resolución 125 de retenciones móviles, el campo entendió que era un límite intolerable de confiscación de su producción.
Eso implicaba, en aquel momento que en el caso de la soja se aumentaban las retenciones del 35% a casi un 44,1%, alcanzando luego un tope de 48,7%. Si la soja se ubicaba por encima de los US$600 por tonelada, el Gobierno pasaba a quedarse con un 95%. Literalmente, el Estado se llevaba todo lo producido sin arriesgar nada.
La raíz de esa decisión tenía varias vertientes: la necesidad de aumentar fuerte los ingresos del Gobierno para avanzar con un Estado omnipresente, que ya prácticamente no dejaba espacio para el desarrollo de la actividad privada y pretendía tener injerencia en todas las esferas posibles; un gasto público que no encontraba límites y debía correr permanentemente la línea de ingresos tributarios; y detrás de eso, una posición ideológica que colisionaba contra el sector productivo al que se lo consideraba un actor al que se debía combatir, sin concesiones. Ese combo fue determinante para que, hasta por supervivencia, los productores reaccionaran ante aquella resolución.
Aquel episodio, que finalmente terminó tres meses después, y luego de una larga resistencia, con el “voto no positivo” en el Senado de la Nación, explicó mucho de aquel momento y de lo que dominó a la política argentina en las últimas décadas: una voracidad incontenible por recursos que aspiró de aquellos sectores que estaban en condiciones de generar recursos. Eso, se convirtió, claro, en un debilitamiento cada vez más notorio de esos sectores que fueron cediendo capacidad de inversión y expansión. Ese vampirismo de fondos quitó competitividad y potencia a los sectores privados para aportarle a un Estado que se encargó de despilfarrar recursos sin ningún otro sentido más que el de convertirse en elefantiásico. Esa transferencia inmovilizó al privado y evitó que el Estado se preocupara por su eficiencia. Al final del camino, hubo un Estado sin control y sin prestaciones, y un potente sector privado que vio licuar su capacidad de desarrollo y sólo pudo preocuparse por sobrevivir.
En ese proceso hay mucho de la caracterización de la Argentina de las últimas décadas, en donde la idea de que el Estado debía resolver todo, incluso los ingresos de las personas, se instaló con fuerza y por momentos pareció un espejismo que cobraba realidad, a pesar de las múltiples advertencias que hubo en el camino. Sin dudas, la reacción por la 125 fue la más contundente.
Sin embargo, 17 años después, y varios gobiernos en el medio, los productores agropecuarios continúan soportando un impuesto caprichoso y distorsivo, que le sigue quitando capacidad de expansión y desarrollo. Miles y miles de millones de dólares que se fugaron del interior productivo a algún rincón desconocido, para que algún funcionario de turno decida en qué gastarlo, en general careciendo de criterios estratégicos para el país.
Por todo ese recorrido es que claramente los productores celebraron el primer paso del Gobierno actual de quitar de manera temporal los derechos de exportación, al tiempo que piden que sea una decisión permanente y que además continúe avanzando rápidamente hasta eliminarlos. Es hora de terminar definitivamente con la absorción de recursos que salen de un circuito virtuoso para ir hacia otro que demostró no dar soluciones. Es hora de cambiar ese flujo.
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