El Gobierno logró esta semana un nuevo objetivo en el Congreso con el respaldo de la mayoría de la Cámara de Diputados de la Nación al DNU de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a pesar de la siempre escasa fuerza legislativa que el oficialismo ostenta en el Congreso. Allí, el acompañamiento de los aliados le permitió alcanzar los 129 votos que se había fijado como meta.
De esa manera, pudo blindar el entendimiento con el organismo de crédito internacional y así, según explicaron el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, poner en marcha una nueva etapa en el programa económico que tendrá ahora como objetivo contar con dólares frescos para capitalizar el Banco Central y fortalecer su posición para continuar el sendero para desarmar el cepo. Eso, según las proyecciones del oficialismo, permitirá bajar las tensiones cambiarias de los últimos días, acelerar la recuperación de la actividad económica, incentivar las inversiones y mejorar el perfil crediticio del país tras la baja esperada del riesgo país.
El propio ministro Caputo dijo en las últimas horas que esta vez el acuerdo con el FMI es distinto y que gran parte de las tareas habituales que exige ese organismos, la Argentina ya las cumplió, como el ordenamiento fiscal.
Y es allí donde están hoy gran parte de las expectativas de los argentinos en general y de los sectores productivos en particular para que esta vez el final sea diferente a las muchas malas experiencias del pasado.
Para que de una vez por todas el país comience a transitar un sendero de previsibilidad, sin tomar atajos, sin buscar éxitos efímeros, para que sea la última tediosa negociación con el Fondo.
Para ello será necesario que los recursos obtenidos no transiten, como en anteriores oportunidades, por tentaciones políticas. El Presidente ha repetido en infinidad de ocasiones que vino a hacer “lo que hay que hacer”. Y en esta coyuntura habrá otra oportunidad más para confirmar esa definición.
La baja del riesgo país esperada una vez firmado el acuerdo es también una gran oportunidad para el sector privado, que tendrá acceso al crédito internacional en mejores condiciones. Eso sería un argumento sólido para pensar en necesarios incrementos en los niveles de inversión que requiere el país. Pero además, una economía más sana permite despejar el horizonte de los densos nubarrones que vienen soportando los argentinos. Eso es más previsibilidad. Pero además, el ordenamiento de las cuentas debe continuar, ahora con un contexto algo más favorable que debería surgir del acuerdo con el Fondo, para permitir que la carga tributaria continúe a la baja. Esa presión impositiva es aún parte del problema central que padecen los sectores productivos, que ven cómo se escurren recursos que podrían fortalecer y consolidar su expansión.
Concretamente, los productores agropecuarios esperan que más pronto que tarde los derechos de exportación sean un mal recuerdo de una etapa que el país deja atrás. Fueron cientos de miles de millones de dólares que aportaron en las últimas dos décadas y que podrían haber potenciado la producción agropecuaria y alentado la inversión en los campos o incluso en eslabones agroindustriales. Hoy la Argentina podría estar mucho más cerca del “fenómeno Brasil” por ejemplo, si las retenciones nunca hubieran existido. Más allá del debate sobre el uso que tuvieron esos recursos, que claramente no sirvieron ni para mejorar la situación social ni la infraestructura nacional.
El actual Gobierno recibió esta semana una herramienta que esperaba y la expectativa es que esta vez sea distinto y se pueda saltar la piedra en la que siempre tropezamos.
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