El gobierno controlará el comercio de semillas, pero sigue en manos de las empresas la fijación de precios y regalías
El Gobierno anunció ayer que recuperará el control del mercado de semillas para determinar si los productores pagan por el uso de tecnología aplicada o cultivan granos “ilegales” de soja, pero aclaró que seguirá en manos de las empresas el cobro de regalías y la fijación de precios.
¿El estado no va a tener injerencia en la comercialización de granos sobre el cobro de regalías?, se le preguntó al ministro Ricardo Buryaile en el conferencia de prensa y él respondió: “No. No vamos a fijar precios. Ninguna ley nos da competencia para determinar si la tecnología vale 3, 5 o 30 dólares”.
“Si la semilla es legal no tenemos nada que discutir. Pero si es ilegal, se aplicará una sanción y las empresas que tengan derechos sobre esa semilla, ejercerán sus reclamos en forma privada o judicial”, sentenció Buryaile.
El ministro dijo que la decisión tomada es para “otorgar previsibilidad de cara al futuro” para que haya desarrollo tecnológico y legalidad en el comercio de semillas, que según el Gobierno y las empresas, es afectado por la venta ilegal.
El Gobierno rescató el Instituto Nacional de Semillas (INASE), que es el organismo descentralizado encargado de controlar la legalidad de las semillas, para que los productores no cultiven con productos de las empresas sin pagar por la tecnología aplicada.
Buryaile dijo que el INASE había sido “denostado y vaciado”, pero desde ahora tendrá un mayor presupuesto -e incluso está contratando personal técnico y legal- para “combatir la ilegalidad en el comercio de semillas”.
Reconoció el ministro que para llegar a este anuncio, su gabinete tuvo que hacer un “enorme esfuerzo” para compatibilizar determinadas posiciones e intereses que tienen que ver con la tecnología aplicada a las semillas y su cobro.
El Gobierno respeta los contratos privados que se hagan entre los productores y las empresas que venden semillas”, dijo Buryaile y señaló que el INASE es el “único organismo de fiscalización y control de legalidad de semillas”.
El INASE celebrará convenios con organismos públicos y privados -como las Bolsas de Cereales de Buenos Aires y Rosario- para realizar controles selectivos para determinar la legalidad de las semillas.
Si las semillas son “ilegales” -porque el productor no pagó a las grandes empresas para usarlas- el INASE aplicará sanciones y las compañías como Monsanto e Ingenta podrán hacer los reclamos pertinentes para cobrar.
Al ser repreguntado sobre cuál será la metodología fáctica sobre el cobro de regalías por parte de las empresa, Buryaile contestó: “No es competencia nuestra determinar cómo se cobran las regalías, eso es potestad de cada empresa en particular”.
Buryaile fue claro sobre cuál es el límite del Gobierno: “Nosotros no nos metemos en el control de cuánto cobrás y cuánto pagás porque eso terminó el 10 de diciembre. No vamos a poner topes, eso es parte de las reglas de juego del mercado”.
En ese sentido, si un productor considera que la empresa proveedora de semillas vende muy caro ese producto, tendrá que buscar otras firma que lo comercialice en un valor más accesible: Si es caro, comprarás otra semilla. Es parte de la regla”.
El funcionario dijo que el Gobierno quiere “que le vaya bien a Monsanto, a Don Mario, a Nidera, que le vaya bien a toda la industria. Si alguien creía que nosotros íbamos a hacer ir mal a una empresa, no es nuestro espíritu”.
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Una nueva ley de semillas
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Buryaile anunció que en agosto próximo el Gobierno enviará a la Cámara de Diputados un proyecto para una Ley de Semillas, que antes será “consensuado” con asociaciones de productores como las que están en la Mesa de Enlace y el resto de la cadena de comercialización.
“El espíritu de esa ley será el cobro de tecnología, el combate a la ilegalidad del comercio de semillas y preservar los derechos que ya tienen los productores”, apuntó el funcionario en una conferencia de prensa en la cartera que preside.
Buryaile garantizó que en la ley se preservará el uso propio del extracto de semillas para los pequeños productores.
Cómo se hará el control de legalidad de las semillas
El mecanismo que está analizando el INASE para realizar los controles es el que propuso la firma de tecnología agrícola Bioceres para detectar en el grano de soja si tiene o no la tecnología Intacta, resistente a insectos, desarrollada por la multinacional Monsanto.
Bioceres presentó el pedido ya que posee una licencia de uso del producto de Monsanto, la firma que venía batallando para que el Gobierno combata el comercio ilegal de semillas pero no tenga ninguna injerencia en la fijación de precios ni en las regalías que cada compañía firma con los productores.
Ese pedido llegó un par de semanas después de que la resolución 140 firmada por Buryaile frenara en abril un método de control en los puertos ideado por Monsanto para asegurarse el cobro de esa tecnología; ahora sólo el INASE podrá hacer esos controles.
De la conferencia participaron el jefe de Gabinete de la artera, Guillermo Bernaudo; los secretarios de Agricultura Familiar, Oscar Alloatti; de Coordinación y Desarrollo Territorial; Santiago Hardie; de Agregado de Valor, Nestor Roulet; y de Mercados Agroindustriales, Marisa Bircher.
También estuvo el presidente del Instituto Nacional de Semillas, Raimundo Lavignolle.
